lunes, 14 de septiembre de 2015

14 de septiembre de 2000 - Escándalo de corrupción en Perú

El régimen fujimorista en Perú se prolongo a través de dos reelecciones, la primera en 1995, la segunda en abril del 2000, en las cuales predominaron la corrupción, el fraude y el terrorismo de Estado.

Durante este régimen los peruanos fueron desposeídos de sus empresas, despojados de sus derechos sociales y garantías civiles, y víctimas de un genocidio que según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación causo la muerte de más de 69.000 personas.

La elección de Alberto Fujimori como presidente del Perú en junio de 1990 estuvo precedida por el agravamiento de las condiciones económicas en el período presidencial previo; en efecto, el gobierno del presidente Alan García (1985-1990) al ser aislado por los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial), enfrentó una complicada situación económica caracterizada por el aumento del costo de vida, el índice de precios al consumidor se incrementó en 10.300 % entre 1986 y 1990, y la pauperización y el empobrecimiento. El producto interno bruto por persona que en 1980 era de 938 dólares, en 1989 se redujo a 718 dólares, al tiempo que el 20% más pobre de la población recibía apenas el 3% del ingreso y el 10% más rico recibía el 45% del mismo.

Alberto Fujimori
El acrecentamiento de las dificultades económicas fue uno de los resultados del aislamiento financiero internacional al que fue sometido el gobierno de Alan García. Éste trató de establecer un límite en el monto de recursos para el pago de la deuda externa (10% del valor de las exportaciones), lo que le significó el cierre de las puertas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El anterior fue el contexto de una contienda electoral, en la que los dos candidatos más favorecidos por los medios de comunicación, Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, representaban prácticamente el mismo programa.

Tanto Fujimori como Vargas Llosa obtenían su simpatía de su virtual distanciamiento frente a los partidos y “la política”. En los ochenta, la deslegitimación de los partidos sirvió para que se desarrollara el desprecio generalizado de la política. Los programas y los debates pasaron a desuso imponiéndose en su lugar el culto a las figuras, o a las personalidades promovidas mediáticamente. 

Fujimori, quien contaba con el respaldo de la iglesia católica y los sectores empresariales transnacionales, presentado con un aura tecnocrática y como símbolo del esfuerzo y del trabajo fue ensalzado como el gerente indicado para llevar adelante las “reformas estructurales” como eufemísticamente se le llamó a la agenda neoliberal.

A dos meses de su posesión, el gobierno Fujimori impuso dos medidas que perfilaron lo que serían las políticas prioritarias del régimen en el transcurso de la década. El 7 de agosto de 1990 decretó el Estado de emergencia en Lima y nueve provincias del país por un lapso de 30 días, y un día después decretó un plan de ajuste que contemplaba la supresión de los subsidios a productos de primera necesidad como el pan, la leche, el azúcar, la pasta, y la gasolina.

En el siguiente año, 1991, el presidente Fujimori, al no contar con una bancada parlamentaria mayoritaria, enfrentó dificultades para sacar adelante su agenda, en la que figuraban como principales iniciativas la privatización de las empresas estatales más rentables y el otorgamiento de facultades discrecionales a las Fuerzas Armadas.

El 5 de abril 1992, las Fuerzas Armadas ocuparon los edificios públicos mientras el presidente Fujimori anunciaba el cierre del Congreso de la República. Durante el autogolpe fueron saqueados los archivos del poder judicial. Al día siguiente el ministro de economía Carlos Boloña Behr anunció la aplicación del conjunto de reformas económicas neoliberales.

Mediante el autogolpe se cerró el Congreso y se reformó el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Contraloría General de la República y el Poder Electoral; lo anterior permitió llevar a cabo las iniciativas que el gobierno de Fujimori representaba.

La incompetencia de los políticos y “la amenaza terrorista”, constituida por la guerrilla Sendero Luminoso, fueron los pretextos utilizados para la implantación de la legislación de excepción, con la cual se extendió el control policial de la población y se criminalizó todo tipo de oposición.

En este marco se intensificó la represión en las universidades públicas y varias de ellas fueron puestas bajo el control de las Fuerzas Armadas, tal fue el caso de la Universidad Nacional de San Marcos, que fuera declarada en reorganización con autoridades y un cuerpo administrativo nombrado por el gobierno, provocando la renuncia o el despido de académicos. La misma suerte corrió la Universidad Pedagógica Nacional-La Cantuta, de cuya residencia estudiantil fueron sacados y asesinados por las fuerzas militares nueve estudiantes y un profesor.

La disolución del parlamento, la clausura del poder judicial y de los órganos de control y su reemplazo por cuerpos de funcionarios afines al gobierno, y la criminalización de la oposición permitieron al gobierno Fujimori acelerar el desenvolvimiento de su agenda.

En noviembre de 1992, el Congreso disuelto fue reemplazado por un Congreso de carácter constituyente controlado por el presidente Fujimori. Un mes después habían sido expedidos 923 decretos, entre ellos, los que consagraron la privatización de las empresas estatales del hierro, zinc, petróleo, cementos, teléfonos y electricidad. La ineficiencia delestado y la necesidad de atraer inversiones sirvieron como propaganda para justificar las privatizaciones.

El régimen fujimorista garantizó su permanencia en el poder gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas. Al amparo de la doctrina de la seguridad nacional y la corrupción las Fuerzas Armadas desarrollaron eficazmente los mandatos del “Estado de terror”. Al carecer de legitimidad el régimen fujimorista se desplegó en el ejercicio autoritario del poder por medio de la represión, hasta hacer del estado un Estado terrorista.


La reelección del gobierno Fujimori en 1995 se realizó en medio del estado de emergencia y bajo la autoridad militar en la mayor parte del territorio. Según Madueño, Fujimori fue reelegido gracias “al uso arbitrario de los recursos del Estado, la ilegal participación de jefes de las Fuerzas Armadas en la campaña, el estado de emergencia en más de la mitad del territorio y el fraude electoral en muchas provincias

El terror, el fraude y la corrupción fueron los métodos predilectos del régimen, sin embargo, sólo hasta mayo de 2000 el gobierno estadounidense pareció tomar nota. En la fase preelectoral de la segunda reelección de Fujimori, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright advirtió al gobierno Fujimori que apoyaría su reelección con la condición que retirara al ex capitán del Ejército y asesor de inteligencia nacional Vladimiro Montesinos del gobierno.

 V. Montesinos
El presidente Fujimori obtuvo un nuevo triunfo electoral y realizó su toma de posesión ante los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Vladimiro Montesinos organizó una reunión en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en la que todos los militares de alta graduación reafirmaron su lealtad al presidente. El Cardenal Cipriani promovió la celebración de una misa en la Catedral de Lima en apoyo al gobierno. El presidente Fujimori ignoró la advertencia estadounidense.

Dos meses después, el 14 de septiembre de 2000, fue difundido por los medios de comunicación un video en el que apareció el parlamentario Luis Alberto Kouri, miembro del Partido Popular Cristiano y hermano del alcalde del Callao, recibiendo 15.000 dólares de manos del asesor presidencial Vladimiro Montesinos para que cambiara de partido, de Perú Posible a Perú 2000, y completara con su voto la mayoría que requerían para ser votadas las iniciativas del gobierno en el Congreso.

Después de la difusión de este video fueron filtrados numerosas grabaciones de este tipo, realizadas por Montesinos en sus oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional. En ellas se muestran sus reuniones con dirigentes políticos, empresarios y dueños de medios de comunicación en las que pagaba sobornos de miles de dólares.

La difusión de los videos permitió conocer cómo el gobierno compró a empresarios, magistrados, parlamentarios y altos funcionarios cuyo apoyo fue vital para darle la apariencia de legalidad al régimen. Se destaparon los 10 largos años de corrupción de alto nivel que había mantenido en el poder al gobierno de Alberto Fujimori y marcó el quiebre del régimen y el inicio del fin de un aparato corrupto que se había enquistado en las más altas esferas del poder. 

Dos días después, en sorpresivo mensaje a la Nación, Fujimori convoca nuevas elecciones, promete que él no será candidato y anuncia la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional. siendo el principio del final de su régimen. En unas semanas el escándalo desembocará en la renuncia, por fax desde Japón, del presidente, así como de las más altas esferas políticas nacionales.

La política de corrupción  implementada a través del Sistema de Inteligencia Nacional, mediante sobornos a los jueces y a los propietarios de los medios de información, fue la que permitió legitimar el terror y legalizar la impunidad, para hacer invisible la violencia desplegada por el Estado. El control sobre los medios de información y su utilización en función del régimen permitió dicha invisibilización. 

La difusión de los videos precipitó la salida de Montesinos del gobierno y su partida al exterior, meses después, en noviembre del año 2000, le tocó el turno a Fujimori, quien huyo a Japón. A su caída Fujimori ya había cumplido con los mandatos encomendados por la globalización neoliberal.

Con la caída del régimen fujimorista se abrió paso a la conformación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que investigó las muertes y desapariciones forzadas de origen político durante las décadas del ochenta y del noventa. El Informe final de la Comisión fue dado a conocer a mediados de 2003, éste estimó en 69.280 el número de muertos y desaparecidos, 75% de ellos quechuahablantes, 90% de ellos, campesinos.








José Honorio Martínez - Neoliberalismo y genocidio en el régimen fujimorista