Los rostros del terror

La última dictadura cívico-militar, autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional, gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, derrocando al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón (justicialista), hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín (UCR).

El poder fue ocupado por una junta militar integrada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas Argentinas, sucediéndose cuatro juntas militares en el período. Es considerada la dictadura más sangrienta de la historia argentina y se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad que dejaría un total de aproximadamente 30.000 desaparecidos.

Hubo cuatro juntas militares de gobierno, siendo la primera de ellas, presidida por el ex Teniente general Jorge Rafael Videla la más prolongada. A este período corresponden las actividades de algunos de los miembros más despiadados de las fuerzas armadas y de seguridad. Solo mencionaremos unos pocos ejemplos ilustrativos, un listado completo sería demasiado extenso como para ser tratado aquí

El esquema del poder dictatorial se completó con la designación de «gobernadores» en cada provincia e «intendentes» en las ciudades. La designación de «gobernadores» en las provincias, recayó casi siempre en un militar.

En superposición con el esquema formal de autoridades, la dictadura mantuvo el sistema de zonificación militar del país, dispuesto el 28 de octubre de 1975, mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión). Según el régimen de zonificación militar, el país quedaba dividido en cinco «zonas» militares, correspondientes a los cinco cuerpos de ejército en que se dividía el Ejército Argentino. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en «subzonas» y «áreas», y cada uno de los jefes de «zona», «subzona» y «área» tenía mando directo para la represión en su jurisdicción. El General Martín Balza los definió en el año 2005 como "Señores de la guerra… verdaderos señores feudales…"

Carlos Guillermo Suárez Mason

Fue asesino, ladrón y prófugo. Como jefe del Primer Cuerpo de Ejército entre 1976 y 1980; se lo conoció como el Carnicero del Olimpo, en referencia a uno de los más grandes centros clandestinos de detención, del cual fue su principal responsable. Ya en 1951 había participado en el fallido golpe contra el presidente Juan Perón y por ello se exilió en Montevideo, Uruguay, donde en 1955 recibiría a los marinos que bombardearon la Plaza de Mayo.

Se calcula que bajo su jurisdicción operaron cerca de 60 centros clandestinos de detención entre los que destacan, los centros de tortura de :

“Automotores Orletti”, Este antiguo taller de automotores y vivienda familiar de dos plantas fue alquilado y acondicionado por agentes de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) para instalar El centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) que funcionó como base principal, en la Argentina, de la llamada Operación Cóndor: el pacto criminal mediante el cual los aparatos represivos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay organizaron su accionar ilegal y coordinaron el secuestro, intercambio, desaparición y asesinato de militantes populares y líderes políticos entre los países de la región.

Se estima que en “Automotores Orletti” estuvieron secuestrados alrededor de 300 ciudadanos uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos, cubanos y argentinos. La mayoría continúan desaparecidos.

"El Pozo de Banfield”. Un total de 309 personas, entre ellas ciudadanos uruguayos, paraguayos y chilenos, fueron alojadas en este centro. De ellas, 97 aún permanecen desaparecidas y 5 fueron liberadas y posteriormente asesinadas. Entre los prisioneros había cuatro mujeres que dieron a luz, cuyos hijos continúan sin ser identificados.36 Se considera que una de las principales funciones de este centro ilegal fue albergar a detenidas durante los últimos meses de embarazo, para disponer luego de los recién nacidos, quienes eran separados de sus madres. En este sitio fueron alojados los estudiantes platenses secuestrados durante la Noche de los Lápices, en 1976. 

“El Olimpo”, funcionó desde el 16 de agosto de 1978 hasta fines de enero de 1979 en un predio perteneciente a la División Automotores de la Policía Federal. Se estima que allí estuvieron secuestrados unos 500 militantes de diversas organizaciones políticas, la mayoría de los cuales permanecen desaparecidos.

Bajo el control de Suárez Mason operaba también el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, destinado a operaciones de secuestro extorsivo; el Batallón contaba con un Grupo de Tareas Extraterritoriales, que colaboró en el golpe de Estado de 1981 en Bolivia, y proporcionó entrenamiento a los contras nicaragüenses en una base de la CIA en Florida.

Se autodefinía como uno de los más "duros" entre sus propios camaradas, fue condenado en ausencia por la justicia de Italia y era requerido por tribunales de España y Alemania, por violaciones a los derechos humanos.

A la caída de la dictadura cívico-militar huyó de la Argentina, y se estableció en San Francisco en 1984. La fuga significó su baja del Ejército. En 1987 fue detenido en Estados Unidos –donde lo consideraban ”uno de los principales narcotraficantes latinoamericanos”– y extraditado para enfrentar su acusación de 39 homicidios y 23 secuestros, aunque estaba siendo investigado por 635 crímenes. El pedido de extradición del gobierno argentino no fue satisfecho hasta 1988, y fue condenado a indemnizaciones millonarias, pero antes del fin del juicio penal en su contra el indulto concedido por el entonces presidente Carlos Menem le garantizó la libertad.

En 1998, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, dictó que, a pesar del indultos que fuese firmado por el entonces presidente Carlos Menem, se debía investigar el accionar de Guillermo Suárez Mason durante la dictadura militar, con el fin de esclarecer la información acerca del destino final sufrido por las personas “detenidas desaparecidas”.

Acusado de robar hijos de los desaparecidos nacidos en cautiverio, fue nuevamente extraditado desde California a mediados de los años 1990, por cargos de delitos contra la humanidad, solicitado por el entonces fiscal Luis Moreno Ocampo. Volvió a ser arrestado, y en atención a su edad se le concedió el arresto domiciliario. Violó los términos de éste celebrando su octogésimo cumpleaños en el estadio de Argentinos Juniors, en cuyas divisiones inferiores había jugado como arquero, por lo que fue encarcelado en el penal de Villa Devoto. Al momento de su fallecimiento, el 21 de junio de 2005, a los 81 años, afrontaba cargos por 635 delitos

Ramón Genaro Díaz Bessone

Entre septiembre de 1975 y octubre de 1976 ocupó la jefatura del II Cuerpo de Ejército, asentado en Rosario y allí coordinó la dirección de los centros clandestinos de detención ubicados en la zona Noreste del país. Más tarde, ocupó el Ministerio de Planeamiento. Fue encontrado culpable, en 2012, por su responsabilidad en los crímenes cometidos en el Servicio de Informaciones de Rosario, uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la provincia de Santa Fe. Se les atribuyen los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio calificado, amenazas, tormentos y asociación ilícita calificada. En esta causa hay cerca de 90 víctimas y más de 160 testigos. Se lo condenó a prisión perpetua el 26 de marzo de 2012. Ese mismo año, los Tribunales rosarinos decidieron que "no estaba en condiciones psíquicas" de afrontar otros juicios, y por lo que no compareció en otros procesos en los que era requerido. Falleció el 3 de junio de 2017 a los 91 años de edad.

Luciano Benjamín Menéndez

Comandó el Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979. Tuvo bajo su mando el destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren”, del que dependía el centro clandestino de detención “La Perla”, el más grande del interior del país, por donde se calcula que pasaron 2500 detenidos.

Menéndez solía visitar La Perla y presenciaba fusilamientos al borde de las fosas. Según testimonios de los pocos sobrevivientes, también aparecía durante los interrogatorios y las torturas. A él le adjudican ser ideólogo del “pacto de sangre”: hacía participar de los secuestros y fusilamientos a todos los oficiales para que en el futuro “no se dieran vuelta”.

Tras el regreso de la democracia, logró desactivar varias causas en su contra amparado en las leyes de impunidad y en 1990, a pocos días de que comenzara un juicio en su contra, recibió el indulto del presidente Carlos Menem. La particularidad fue que el perdón presidencial incumplió la Constitución al indultar a una persona que no había recibido condena alguna todavía.

En 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucional el indulto de Menem y en 2008 el represor recibió su primera sentencia por crímenes de lesa humanidad: fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por secuestrar, torturar y fusilar a cuatro militantes del PRT en 1977 que estuvieron detenidos en La Perla.

La Perla

Durante las múltiples ocasiones en las que debió hablar en el banquillo de los acusados, Menéndez dedicó sus alegatos a defender con pasión el terrorismo de Estado. “Nuestros enemigos fueron los terroristas marxistas. Jamás perseguimos a nadie por sus ideas políticas”, dijo antes de ser sentenciado a perpetua junto al dictador Jorge Rafael Videla en 2010 por los fusilamientos de presos políticos en Córdoba. Ha sido vinculado a por lo menos ciento treinta y nueve causas por delitos de lesa humanidad y fue imputado en ochocientas causas por este tipo de delitos. Con trece condenas, fue quien más prisiones perpetuas ha recibido en la historia argentina.

Rubén Jacinto Chamorro
Vicealmirante de la Armada Argentina, se desempeñó como director de la Escuela de Mecánica de la Armada, en donde tuvo, entre otros a Alfredo Astiz y Jorge Acosta. Se considera que fue mano derecha del almirante Emilio Eduardo Massera. Se estima que por este centro pasaron cerca de cinco mil detenidos-desaparecidos y que más del 90% de ellos fueron asesinados. Normalmente en estos casos se le decía al detenido que iba a ser trasladado a una cárcel común, se le inyectaba una droga con efecto sedante y luego eran subidos a aviones y arrojados, inconscientes, al Río de la Plata o al mar territorial argentino desde gran altura en los denominados ”vuelos de la muerte”. El impacto contra el agua era mortal. También se supo que los grupos de tareas utilizaban otros métodos de eliminación de cuerpos como las incineraciones conocidas vulgarmente en la jerga naval como “asaditos“ que tenían lugar en el campo de deportes de la escuela. Falleció el 2 de junio de 1986 de un ataque cardíaco antes de que pudiera ser juzgado

Estos cuatro represores solo representan una minúscula proporción de la totalidad de involucrados. Miles de personas, entre militares, fuerzas de seguridad, civiles y hasta miembros de la iglesia hicieron posible el período más oscuro de la historia argentina. Examinarlos a todos es imposible hacerlo aquí. Este post solo busca recordar que tales hechos ocurrieron y, en una gran proporción, continúan impunes.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas documenta cerca de 9.000 casos de violación a los Derechos Humanos en Argentina en su informe "Nunca Más"

Luego que la democracia fuera devuelta a la Argentina en 1983, con el objetivo de investigar a los miles de desaparecidos durante el gobierno militar. La comisión recibió evidencias acerca de los eventos relacionados con personas desaparecidas y entregó esa información al Presidente Alfonsín el 20 de Septiembre de 1984. La comisión no determinó responsabilidades sino que se encargó de documentar la cronología de los eventos.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personal (CONADEP), fue creada por el Decreto presidencial Nº 187 del 15 de diciembre de 1983 por el presidente Raúl Alfonsín. Con el objetivo de guardar la objetividad, el Poder Ejecutivo decidió que la comisión estuviera compuesta por individuos con prestigio nacional e internacional, elegidos por su consistencia en la lucha por los derechos humanos. Representarían diferentes afiliaciones políticas e ideologías. Las personas elegidas trabajaron ad honorem. Estas fueron:

• Ricardo Colombres
• Rene Favaloro
• Hilario Fernandez Long
• Carlos T. Gattinoni
• Gregorio Klimovsky
• Marshall T. Meyer
• Jaime F. de Nevares
• Eduardo Rabossi
• Magdelena Ruiz Guinazú
• Ernesto Sabato

Por el mismo decreto el Gobierno invitó a las dos cámaras del Congreso a enviar tres representantes para que trabajaran junto con la Comisión. Sólo la Cámara de Diputados envió a representantes:

• Santiago Marcelino López
• Hugo Diógenes Piucill
• Horacio Hugo Huarte

Ernesto Sábato, el 29 de Diciembre de 1983, fue elegido como Presidente de la Comisión. Cinco departamentos fueron creados para tratar los diferentes aspectos de trabajo la responsabilidad de la Comisión:

• Departamento de Declaraciones, bajo la responsabilidad de la Sra. Graciela Fernández Meijide
• Documentación y Proceso de información, bajo la responsabilidad del Dr. Daniel Salvador
• Departamento de Procedimientos, bajo la responsabilidad del Dr. Raul Aragon
• Asuntos Legales, bajo la responsabilidad del Dr. Alberto Mansur
• Departamento Administrativo, bajo la responsabilidad del Dr. Leopoldo Silgueira

En el primer considerando del Decreto se sostiene que “la cuestión de los Derechos Humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y a la comunidad internacional”, debiendo la Comisión tener como objetivo intervenir activamente en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país, averiguando su destino o paradero como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización. 

Las funciones de la Comisión eran las siguientes:

1. Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos;
2. averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización;
3. determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores;
4. denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer;
5. emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.

La justicia, receptora del material logrado por la Comisión en sus investigaciones y procedimientos, sería la encargada de delimitar responsabilidades, y decidir sobre los culpables.

Los miembros de la Conadep recorrieron la Argentina, España, Francia, México y otros países entrevistando a eventuales testigos de violaciones de derechos humanos. Tuvo la virtud de promover la confianza para que esos testimonios salieran a la luz.

La comisión trabajó nueve meses y elaboró un informe de 50.000 páginas que está considerado como un monumento jurídico y uno de los documentos más importantes de la historia de los derechos humanos.

El resultado fue un cuadro aterrador que superó las peores evaluaciones previas. Fundamentalmente quedó en evidencia que las violaciones masivas de derechos humanos fueron ejecutadas sistemáticamente obedeciendo a un plan decidido en los niveles más altos del gobierno militar.

La Conadep documentó acabadamente alrededor de 9.000 casos concretos de violaciones de derechos humanos. Por su seriedad y neutralidad, el "Informe Nunca Más" no sólo constituyó una prueba fundamental en el Juicio contra las Juntas, sino que produjo un impacto cultural de enorme magnitud en la sociedad argentina.

La Comisión relevó miles de casos de abducción, desaparición, tortura y ejecuciones. Cada caso era documentado en un archivo numerado. Se compilaron más de 50,000 páginas de documentación. Un resumen fue publicado en un reporte oficial en el año 1984. Luego de miles de testimonios y hechos horripilantes, la Comisión concluyó con una serie de recomendaciones para iniciar acciones legales contra los responsables.

En primer lugar, los objetivos de la Comisión eran congruentes con la orientación impulsada por el gobierno de juzgar únicamente a las juntas militares. La CONADEP (como indica su nombre) se limitaba a reunir información sobre la identidad de los desaparecidos en base a denuncias y testimonios de sobrevivientes, y a examinar la metodología empleada por la dictadura, sin recurrir a los archivos de la dictadura. Si bien los testimonios de los sobrevivientes estaban llenos de menciones sobre sus secuestradores y torturadores, la Comisión no tenía como propósito develar la identidad de militares ni civiles cómplices, sino dar a conocer la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura. De este modo, la Comisión desestimaba el discurso militar sobre supuestos excesos cometidos durante el gobierno de facto pero, al mismo tiempo, evitaba contribuir con el juzgamiento de los genocidas. Este aspecto fue denunciado por las Madres de Plaza de Mayo que, desde un principio, no apoyaron la formación de la CONADEP.

En segundo lugar, la Comisión se limitó al tratamiento de las desapariciones ocurridas en los primeros años de la dictadura militar, desestimando la investigación de los asesinatos cometidos por la Triple A durante el gobierno de Perón e Isabel. Este recorte temporal respondía a la política del gobierno de evitar el involucramiento de la dirigencia peronista pero también de sus propios correligionarios.

En la realización de sus labores la Comisión contó con la ayuda prestada por los organismos de Derechos Humanos, que aportaron recursos humanos y técnicos, así como toda su consolidada experiencia adquirida durante el período dictatorial, sobre todo la documentación reunida. También contó con elaboraciones efectuadas anteriormente por Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos y diversos organismos internacionales, en relación al tema de las desapariciones en la República Argentina.

La Comisión Nacional debió afrontar la tarea de registrar los nombres y datos de víctimas de la represión desaparecidos, desaparecidos-liberados y muertos. En vista de que esta nómina comprendía muchos miles de nombres, se decidió emprender un trabajo en computación, con la creación de un Banco de Datos. Para ello se obtuvo la colaboración del Centro Único de Procesamiento de Datos (CUPED) que prestó sus equipos y servicios a la Comisión. El CUPED preparó los programas respetivos, y creó un Banco de Datos sobre la base de los listados de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Comité de Defensa de los Derechos Humanos para los Países del Cono Sur (CLAMOR), Organización de los Estados Americanos (OEA), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Anti-Defamation League (ADL), etc. Se ingresaron por planillas, que luego se volcaban en el Banco de Datos: apellidos, nombres, edad, documento, fecha de hecho, lugar de desaparición y profesión de las víctimas.

El informe de CONADEP precisa en 8.961 el número de desaparecidos, y en sus tres anexos incluye los datos básicos de cada desaparecido, de aquellos vistos por los sobrevivientes durante su cautiverio y una lista de centros clandestinos. Las listas son presentadas como registros provisorios, ya que como la propia Comisión advierte "muchas desapariciones no han sido denunciadas, por carecer las víctimas de familiares, por preferir éstos mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos". No incluye el informe a aquellas personas cuyos cadáveres fueron hallados e identificados, ni a quienes sobrevivieron al cautiverio clandestino. Incluyó declaraciones de miembros de las Fuerzas de Seguridad que intervinieron en el accionar represivo. Realizó inspecciones en distintos puntos del territorio nacional; recabó información a las Fuerzas Armadas y de Seguridad y a diversos organismos públicos y privados.

De la investigación efectuada resultó la formulación de denuncias ante la justicia, comprensivas de 1.086 legajos que permiten tener por acreditada la existencia y funcionamiento de los principales centros clandestinos de detención; nómina parcial de “desaparecidos” que fueron vistos con vida en tales centros y de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad mencionados por las víctimas como responsables de los graves hechos denunciados.

Según el informe de la CONADEP, el gobierno militar, debido al ejercicio de la facultad de Estado de Sitio, detuvo a 4.029 personas por menos de un año; a 2.296 entre uno y tres años; a 1.172 entre tres y cinco años; a 668 entre cinco y siete años; y a 431 entre siete y nueve años. La CONADEP ha registrado que, por lo menos, 157 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pasaron luego a revistar en la categoría de desaparecidos una vez que se emitió el Decreto disponiendo la libertad de los mismos. Cabe agregar que el uso de esta facultad – poner a disposición del PEN – implicó de hecho la imposición de severas condenas sin formulación de cargos ni juicio previo, por lo que violaba sistemáticamente el derecho a justa defensa.

Por otra parte, muchos de los requerimientos de la Comisión quedaron sin respuesta, al no contestarse satisfactoriamente todos los respectivos pedidos de informes cursados a organismos dependientes de las Fuerzas Armadas. Esta falta de colaboración se evidenció también en la actitud de unos pocos Jueces de Capital y otros de Provincia que devolvieron las notas que la CONADEP les remitía negándole entidad, representatividad o personería. También hubo organismos administrativos y de seguridad a los que se debió recurrir hasta la instancia del presidente de la República para que respondieran a la brevedad, lo mismo que para que se dejara sin efecto la disposición que servía a los integrantes de las Fuerzas Armadas para negarse a responder a las preguntas de la Comisión so pretexto de “secreto militar”, acorde a lo dispuesto por el Decreto Nº 2107/84.

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Una de las consecuencias inmediatas del “Informe Nunca Más”, publicado por la CONADEP el año 1984, fue la apertura y seguimiento de causas contra los responsables de las violaciones de derechos humanos, entre ellas contra los superiores jerárquicos de todo el entramado militar de la dictadura y fue más tarde una importante prueba documental que permitió el juzgamiento a las Juntas Militares en la causa 13/84.

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En el año 2009, el Fondo Documental CONADEP, fue declarado Memoria del Mundo por la UNESCO junto a otros 18 archivos del Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina relativo al período 1976-1983

El 20 de septiembre de 1984, el Presidente de la Nación Argentina, Raúl Ricardo Alfonsín recibía en la Casa de Gobierno el informe final de la CONADEP sobre la desaparición de personas. En nombre del poder Ejecutivo, destacaba la necesidad de conocer la verdad como base de la futura “unidad” y “reconciliación” nacional. El informe, representaba, según Alfonsín,  

“un aporte fundamental para que, de aquí en adelante, los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina”

Ernesto Sábato (centro) entrega el informe al Presidente Alfonsín (derecha)

Aún no se encontraba definida la instancia judicial que evaluaría la información reunida en el Nunca Más. En diciembre de 1983, el gobierno radical había derogado la ley de amnistía, estableciendo por decreto el procesamiento de las cúpulas guerrilleras y la persecución penal de las Juntas militares. Mientras la CONADEP se reunía con el presidente en la Casa de Gobierno, unas 70 mil personas se concentraban en Plaza de Mayo para marchar hacia los Tribunales en reclamo de justicia civil. Hasta ese momento no estaba claro si el juzgamiento de los responsables iba a quedar en manos de la justicia civil o militar. A los pocos días, el Consejo Supremo de las FF.AA. declaró legítimas las órdenes dadas por las juntas militares, y el tratamiento jurídico quedó a cargo de la Cámara Federal.

Teoría de los dos demonios

“Durante la década del ‘70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda...” y a continuación se indica: “a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”. Así comienza el prólogo escrito por Ernesto Sábato que acompaña el informe que publicó la editorial EUDEBA como libro. En este texto se resume la interpretación que el gobierno de Alfonsín intentó imponer, con la colaboración inestimable de los miembros de la CONADEP, sobre lo sucedido en los ’70 y las respuestas dadas por los militares durante los siete años de gobierno de facto.

En esta interpretación, que equipara los crímenes del terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones armadas de los ’70 (la llamada “teoría de los dos demonios”), se oculta que el golpe militar tenía por objetivo liquidar a todos los activistas y referentes obreros. Porque al momento del golpe la guerrilla estaba diezmada, mientras que la clase obrera se enfrentaba a la burocracia sindical peronista y a las patronales. En esos años, los trabajadores construyeron las Coordinadoras Interfabriles, desde donde organizaron las huelgas y movilizaciones de masas que lograron destituir al ministro de economía Celestino Rodrigo y a José López Rega, uno de los principales organizadores de la Triple A. La clase obrera, que tenía como aliado al movimiento estudiantil, iniciaba un proceso de enfrentamiento con el peronismo en el poder. Un movimiento obrero, que aún quebrada sus organizaciones de base y desaparecidos sus principales dirigentes, continuó resistiendo durante la dictadura.

Un segundo prólogo

El segundo prólogo del Nunca Más, publicado a 30 años del aniversario del golpe, si bien reivindicó el informe de la CONADEP, cuestionó la teoría de los dos demonios: “es inaceptable –señala el nuevo texto- pretender justificar el terrorismo de Estado como un juego de violencias contrapuestas…”, y agrega que al momento del golpe militar de 1976 “la guerrilla ya había sido derrotada militarmente…”. Este prólogo, escrito por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, se ubicaba a la izquierda del escrito por Sábato, pero no daba cuenta del ascenso obrero-estudiantil, y en consecuencia, de los objetivos contrarrevolucionarios del golpe.

El juicio a las juntas

Los acusados fueron los integrantes de las tres primeras juntas militares: Jorge Rafael Videla (Comandante en Jefe del Ejército entre 1976 y 1978), Emilio Eduardo Massera (Comandante en Jefe de la Armada entre 1976 y 1978) y Orlando Ramón Agosti (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1976 y 1978) que conformaron la primera junta militar (1976 – 1980); Roberto Eduardo Viola (Comandante en Jefe del Ejército, entre 1978 y 1979), Armando Lambruschini (Comandante en Jefe de la Armada, entre 1978 y 1981), Omar Domingo Rubens Graffigna (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1978 y 1979), que formaron parte de la segunda junta militar (1980-1981); y Leopoldo Fortunato Galtieri (Comandante en Jefe del Ejército, entre 1979 y 1982), Jorge Isaac Anaya (Comandante en Jefe de la Armada, entre 1981 y 1982), Basilio Lami Dozo (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1979 y 1982), que integraron la tercera (1981-1982).

Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985 el fiscal Julio César Strassera realizó el alegato de la fiscalía, que luego ha sido considerado como una pieza histórica. La fiscalía consideraba que la responsabilidad por cada delito debía ser compartida por los miembros de cada junta a la que se le había probado participación. Finalmente el tribunal no aceptó este criterio, sosteniendo que las responsabilidades debían ser asignadas por cada fuerza armada, lo que produjo una considerable reducción de las penas para los miembros de la Fuerza Aérea.

Strassera cerró su alegato con esta frase:

Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: "Nunca más".

El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dictó sentencia en el marco del Juicio a las Juntas Militares (Causa 13. Año 1985). La sentencia confirmaba la noción de un plan sistemático de exterminio, justificaba la fuerza probatoria de los testigos y descalificaba los argumentos de la defensa. Sin embargo, las condenas fueron menores que las pedidas por el fiscal en su alegato.

Los únicos que recibieron la pena de prisión perpetua fueron los integrantes de la primera Junta Militar, mientras que los de la tercera fueron absueltos.

Indultos

El 29 de diciembre de 1990 el presidente Carlos Menem dictó el Decreto 2741/90 indultando a los cinco condenados (ver post). El citado decreto integra lo que ha dado en llamarse en Argentina las leyes de impunidad, junto con los indultos a otros criminales de lesa humanidad también dictador por Menem, y las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), sancionadas a iniciativa del presidente Raúl Alfonsín.

En 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se inició un proceso de cuestionamiento judicial de la constitucionalidad de los indultos que finalizó en 2010 con un fallo de la Corte Suprema de Justicia confirmando las nulidades de los mismos decididas por los tribunales inferiores y ordenando que los condenados en el Juicio a las Juntas cumplieran las condenas que se les habían impuesto.

Cine e historia - "La Noche de los Lápices"

Título original: La noche de los lápices Año: 1986 Duración: 106 min. País: Argentina Director: Héctor Olivera Guión: Héctor Olivera, Daniel Kon (Libro: María Seoane, Héctor Ruiz Núñez) Productora: Aries Cinematográfica Reparto: Alejo García Pintos, Vita Escardó, Pablo Novak, Adriana Salonia, Pablo Machado, José María Monje, Leonardo Sbaraglia, Héctor Bidonde, Tina Serrano, Lorenzo Quinteros Música: José Luis Castiñeira de Dios

La película circula mucho por dos veredas. La del horror y la del sentimentalismo. La del horror obviamente reflejado en las gráficas escenas de tortura y abuso por parte del ejército. Todas ellas desarrolladas sin ninguna clase de pudor, pero también sin efectismos, sin caer en el morbo innecesario, mostrando solamente lo indispensable, para hacernos ver la barbarie a la que estos chicos fueron sometidos.

El lado sentimental de la película va por las escenas en que a todos ellos se los ve juntos, compartiendo su encierro, compartiendo el miedo y la miseria de su cautiverio. Así como también las desesperadas secuencias en que la familia de Claudia trata de dar con su paradero. Remarcables y estremecedoras son las secuencias en que los prisioneros cantan canciones de Sui Generis (“Canción para mi muerte”, primero y “Rasguña las piedras”, después) no sólo por el contexto en el que se desarrollan, sino también por el manejo del montaje y de los tiros de cámara por parte del director.

Escena de la película

Una de esas cintas que son indispensable, sobre todo para poder conocer un poco más de la historia de esta Latinoamérica tan dañada por las cicatrices aún latentes de nuestro pasado. Porque es más que necesario revisar nuestro pasado, para no cometer los mismo errores en el futuro.

El mundo debe saber qué barbaridades han sido capaces de llevar a cabo algunos gobiernos, y es por ello que no se puede dejar pasar la ocasión de ver una película como ésta, basada en hechos reales, que por supuesto, tiene algunos pequeños cambios por motivos argumentales que no alteran el espíritu ni la veracidad de lo acontecido.


La historia

El 16 de septiembre de 1976 diez estudiantes secundarios de la Escuela Normal Nº 3 de la Plata son secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil. Tenían entre 14 y 19 años. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps, que calificó al suceso como lucha contra "el accionar subversivo en las escuelas".

La crueldad no tenía límites en aquella Argentina ocupada de 1976 y esto estaba lejos de ser un defecto para los usurpadores del poder y sus socios civiles. Era para ellos una de sus virtudes aquella decisión “inclaudicable” de reorganizarnos, de llevarnos por la “senda de grandeza”, aquellos “objetivos sin plazos”,  “el tiempo y esfuerzo, esenciales para cualquier logro”, el “achicar el Estado es agrandar la Nación” y todo esa palabrería hueca que escondía el vaciamiento del país y la peor matanza de la historia argentina.

Aquella matanza contó con el aval explícito del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como lo recordaba el ex embajador en nuestro país Robert Hill: 

“Cuando Henry Kissinger llegó a la Conferencia de Ejércitos Americanos de Santiago de Chile, los generales argentinos estaban nerviosos ante la posibilidad de que los Estados Unidos les llamaran la atención sobre la situación de los derechos humanos. Pero Kissinger se limitó a decirle al canciller de la dictadura, almirante César Guzzetti, que el régimen debía resolver el problema antes de que el Congreso norteamericano reanudara sus sesiones en 1977. A buen entendedor, pocas palabras. El secretario de Estado Kissinger les dio luz verde para que continuaran con su ‘guerra sucia’. En el lapso de tres semanas empezó una ola de ejecuciones en masa. Centenares de detenidos fueron asesinados. Para fin del año 1976 había millares de muertos y desaparecidos más. Los militares ya no darían marcha atrás. Tenían las manos demasiado empapadas de sangre”.

El general-presidente Jorge Rafael Videla quiso convertir aquella masacre en una incógnita declarando que el desaparecido “no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desparecido”. La elección de la palabra no es aleatoria, es perversa en boca del verdugo, que no tenía ninguna duda sobre el destino de los prisioneros políticos y exhibía en público el terrible método elegido para atormentar aún más a los familiares: crear la incógnita sobre el destino de su ser querido. Aquel desconocimiento era parcial porque el horizonte del grupo familiar que sufría la pérdida era dramático y no era tan incógnito el destino sufrido por la víctima como conocer el lugar de detención y poder saber si seguía con vida. Sobre el resto no había incógnitas, había certezas, dolor, soledad y búsqueda incesante.

En aquel panorama la represión en los colegios secundarios fue muy dura, y apuntó a terminar con el alto nivel de participación política de los jóvenes en los centros de estudiantes y en las agrupaciones políticas.

Las invitaciones a vigilar y castigar pasaban de la conferencia de prensa a la sala de torturas y a la muerte. Muchos colegios secundarios del país tienen hoy placas conmemorativas de sus alumnos desaparecidos.

El hecho emblemático, “didáctico” de aquel terrorismo de Estado fue el que pasó a la historia como “la Noche de los Lápices”, aquella noche del 16 de septiembre de 1976 -21 aniversario del derrocamiento del primer peronismo por la autodenominada Revolución Libertadora- en la que fue secuestrado un grupo de jóvenes militantes secundarios de la ciudad de La Plata y alrededores. La que había sido la ciudad Eva Perón era ahora el reino del general Ibérico Saint James, autor “literario” de la inolvidable frase: 

“Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, luego a los indiferentes y por último a los tímidos”.

En la corte de Saint James había personajes de la talla del general Camps y su mano derecha -curiosidades de la literalidad- el comisario Miguel Etchecolatz. Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las órdenes de detención habían sido libradas por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y llevaban las firmas de Fernández y del coronel Ricardo Eugenio Campoamor, jefe del Destacamento de Inteligencia 101. Lo más llamativo de las mismas es que, en todos los casos, se les asignó grado de peligrosidad mínimo a los estudiantes. Los secuestros fueron llevados a cabo por miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces por el general Ramón Camps. Fueron ellos los responsables directos del secuestro, tortura y muerte de estos jóvenes, para los que nadie reclama inocencia según los parámetros de una dictadura culpable por naturaleza y que salen honrados de la vergonzosa afirmación que aún hoy campea por estas tierras, ese “algo habrán hecho” que tanto daño hizo y hace.

Claro que hicieron algo, mucho. La mayoría de ellos provenían de hogares de clase media, no tenían problema en pagar el boleto de colectivo, pero sabían que había muchos de sus compañeros que no, que ya a esa corta edad tenían antigüedad en sus trabajos y que había que conseguir el boleto estudiantil para todos.

Comenzaron a organizarse en cada colegio y del colegio al barrio y de ahí a la zona y nació así la Coordinadora de Estudiantes Secundarios que nucleaba a miles de ellos de todos lados y logró arrancarle al gobierno de Isabel aquel derecho. Fueron días de festejo acotado, corrido por gases y vigilado de cerca por la Triple A.

Producido el golpe, la estrategia fue suspender en agosto de 1976 la vigencia del boleto estudiantil y esperar la protesta y que los estudiantes volvieran a luchar por lo que les correspondía. Las razzias duraron dos meses y el pico de detenciones se produjo aquella noche de septiembre.

Recuerda Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de aquel horror que: 

“Hay un documento de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se llama específicamente “La Noche de los Lápices”. 

Ese documento, firmado por un comisario mayor Fernández, en ese momento asesor del Consejo del general Camps y Etchecolatz, hablaba de que luego de desarticulados política e ideológicamente los sectores “subversivos” como universitarios, barriales, trabajadores, la piedra angular eran los “potenciales subversivos”, que eran los estudiantes secundarios que eran líderes en sus escuelas. Ellos hablaban de “semillero”, de “potenciales subversivos”.

Etchecolatz en el tribunal: condenado a Prisión perpetua

Ramon Camps: Condenado por 73 casos de tormentos seguidos de asesinatos. Antisemitismo. Acusado de 214 secuestros extorsivos con 47 «desapariciones», 120 casos de tormentos, 32 homicidios, 2 violaciones, 2 abortos provocados por torturas, 18 robos y 18 sustracciones de menores. Fallecido en 1994

Los jóvenes secuestrados en aquella “Noche de los lápices” fueron arrancados de sus casas en la madrugada y llevados inicialmente a la “División cuatrerismo” de la policía bonaerense, donde funcionaba el centro clandestino de detención conocido como “Arana”. De allí pasaron a la División de Investigaciones de Banfield, tristemente célebre como el “Pozo de Banfield”.

Allí conocieron el horror en toda su expresión: 

“Nosotros, en el Pozo de Banfield, éramos adolescentes que teníamos a nuestro cuidado mujeres embarazadas. En el período en que nosotros estuvimos, desde septiembre a diciembre de 1976, fuimos testigos de tres partos. A nosotros, que teníamos entre 15 y 17 años, nos ponían en un calabozo con una compañera embarazada a punto de dar a luz y cuando ellas empezaban con trabajo de parto teníamos que golpear fuertemente la celda. Estábamos en el tercer piso y hoy se sabe que en el segundo piso de donde estábamos nosotros estaba la sala de parto del médico (Jorge) Bergés. Tuvimos tres situaciones de ésas. Golpeábamos la celda, las venían a buscar y después escuchábamos el llanto del bebé. Nosotros, tanto los adolescentes que estábamos en el traslado final como las mujeres embarazadas, a las que el único cuidado apuntaba a lo que tenían dentro de la pancita, éramos residuos. Como tales, éramos mantenidos. No teníamos un destino presupuesto”.

Allí padecieron la tortura, simulacros de fusilamiento y el vano intento de imponerles otra mentalidad, la forma correcta de “procesar” aquel país y aceptarlo tal cual era en 1976, un país atendido por sus dueños. Tuvieron sus cuerpos pero no su obediencia. Como dicen las pancartas de los estudiantes de hoy, aquellos lápices siguen escribiendo.

El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, en el Juicio a las Juntas. Además Díaz participó de la creación del guion que llevó la historia al cine días antes de cumplirse una década de lo ocurrido, en el filme homónimo. Cuatro de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura.

Las víctimas

• Claudio de Acha (17 años) desaparecido desde el 16 de septiembre. Alumno del Colegio Nacional Hernández. Desde 2004 un aula del mismo lleva su nombre. 
• Gustavo Calotti (18 años secuestrado el 8 de septiembre, sobreviviente. Aunque fue secuestrado antes que el resto, se le considera un sobreviviente puesto que varios de los secuestrados eran sus ex compañeros de secundaria y pasó con ellos meses de prisión y tortura clandestina.
• María Clara Ciocchini (18 años) desaparecida desde el 16 de septiembre. Fue secuestrada junto con María Claudia Falcone.
• Pablo Díaz (19 años) Secuestrado el 21 de septiembre. Sobreviviente. En 1985 hizo público el caso en el Juicio a las Juntas.
• María Claudia Falcone (16 años) Desaparecida desde el 16 de septiembre. Fue secuestrada en casa de su tía abuela junto a María Clara Ciocchini, quien era oficial de Montoneros y superior jerárquica de Maria Claudia, que en ese momento era aspirante en la organización. Hacía sólo un mes que había cumplido 16 años.
• Francisco López Muntaner (16 años) Desaparecido desde el 16 de septiembre.
• Patricia Miranda (17 años) Secuestrada el 17 de septiembre. Sobreviviente. Era una estudiante de Bellas Artes sin militancia política alguna y tampoco había participado de los reclamos por el boleto estudiantil. Estuvo en los centros clandestinos de detención de Arana, Pozo de Quilmes, Valentín Alsina y en la cárcel de Devoto, donde quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta marzo de 1978.
• Emilce Moler (17 años) Secuestrada el 17 de septiembre. Sobreviviente
• Daniel A. Racero (18 años) Desaparecido desde el 16 de septiembre. Fue secuestrado en casa de Horacio Ungaro.
• Horacio Ungaro (17 años) Desaparecido desde el 16 de septiembre

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El Plan Cóndor

La violencia del Estado ha sido un elemento importante en la historia política latinoamericana. A lo largo de los últimos doscientos años, los estados de América Latina no han dudado en recurrir a la fuerza para enfrentar amenazas y enemigos internos. Los sables, los garrotes y las balas han caído sobre estudiantes revoltosos, obreros en huelga, campesinos rebeldes, guerrilleros alzados, etc. 

Si miramos hoy en día, desde una perspectiva histórica, América del Sur hacia finales de los años sesenta y setenta, y luego, se analiza la misma región algunos años después, se llega a una conclusión inapelable: esta franja del continente latinoamericano pasó, en general de una fase de fuerte movilización y politización social, con un incremento de partidos y organizaciones revolucionarias, el advenimiento de gobiernos populistas de izquierda o progresistas que proclaman la ruptura con el capitalismo, a un retroceso generalizado del movimiento obrero, una era de violencia política estatal, la destrucción masiva de todos los espacios de expresión y de participación democráticos, la destrucción física e ideológica sin tregua de los militantes y de los movimientos revolucionarios, el establecimiento de modelos económicos capitalistas intervensionistas y/o neoliberales. 

La doctrina de la seguridad nacional jugó un papel predominante como soporte ideológico de las dictaduras del Cono Sur. Dentro de este marco se adelantó el "Plan Cóndor" que llevó a la múltiple y sistemática violación de los derechos humanos en los países en los que se desarrolló.

El Plan Cóndor, implementado en las décadas de 1970 y 1980 por los regímenes dictatoriales del Sur de América, se constituyó en una organización clandestina internacional para ejercer el terrorismo de Estado contra opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Básicamente, era el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia; además la operación contó con la cooperación, en mayor o menor medida, de los gobiernos de Perú, Ecuador y Colombia que no habían asistido a la reunión de Santiago en noviembre de 1975) con la CIA de Estados Unidos, en el marco de la “Guerra Fría”, llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980. La operación consistía en lograr el intercambio de información entre los países involucrados sobre supuestos subversivos.

Sus orígenes

Uno de los primeros contactos para iniciar la organización ocurrió a mediados de 1975, cuando viajó a Paraguay el subdirector de la DINA, coronel Mario Jahn, miembro de las Fuerzas Armadas de Chile (FACH). En esa ocasión, invitó al coronel Benito Guanes, jefe del D-2 del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de ese país, a participar en la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional que se realizó en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de ese año.

El 25 de noviembre de 1975, fecha oficial de la creación del Plan Cóndor, los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron, con Manuel Contreras, el jefe de la DINA (policía secreta chilena). En dicha reunión se habrían establecido las bases organizativas, técnicas y financieras del Plan Cóndor. No obstante, un documento desclasificado de la Agencia Central de Información (CIA) de los EE.UU fechado el 23 de junio de 1976, sitúa el surgimiento del Plan Cóndor un año antes: "a principios de 1974, agentes de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas contra objetivos subversivos".

El 22 de diciembre de 1992, un volumen importante de información sobre la Operación Cóndor salió a la luz, estos archivos recibieron el nombre de “archivos del terror”, en ellos se detalla el destino de miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Algunos de estos países han utilizado desde entonces algunas partes de este archivo para procesar a ex oficiales del ejército. Los archivos cuentan 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y encarcelados 400.000.

Sus objetivos

Comenzaba así una estrategia implementada por las dictaduras sudamericanas a partir del golpe de Estado que derrocó en Chile a Salvador Allende hace ahora justamente 40 años. Este Plan constituiría una red clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado con la cooperación de los Estados Unidos, con el fin de eliminar a la oposición política, principalmente de izquierda. A partir de 1976, la DINA chilena y su homóloga argentina, la SIDE, tomaron el control del Plan. Por aquel entonces la CIA enviaba a sus principales embajadas en Sudamérica la siguiente advertencia: 

"La Operación Cóndor es un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad entre muchos países del Cono Sur para combatir el terrorismo y la subversión".

Aunque muchos de los gobiernos implicados negaron la existencia del Plan Cóndor, los documentos desclasificados de la CIA indican lo contrario

La intención era reprimir y perseguir a todo el que hacía oposición política a los regímenes dictactoriales del Cono Sur, es decir, eliminar a enemigos políticos para de esta manera instalar políticas neoliberales. El principal objetivo era luchar contra el comunismo y evitar su expansión en la región. 

A través de operativos de inteligencia o de las fuerzas armadas de los distintos países participantes. Se desplazaban libremente en el territorio de los otros, para secuestrar, desaparecer o asesinar a sus conciudadanos.

Sus operaciones

Una de las características más impresionantes de esta operación fue el desarrollo de un nivel de colaboración que no tenía precedente en América Latina. Esta organización funcionaba de manera transnacional y extraterritorial, lo que permitía que agentes de inteligencia de un país operaran libremente dentro de las fronteras de otro. El Plan Cóndor fue, además, una operación multinacional. En los centros clandestinos de detención y tortura —como el tristemente famoso “Automotores Orletti”, en Buenos Aires— no había limitaciones nacionales, pues se interrogaba y torturaba a brasileños, uruguayos, chilenos y/o argentinos. 

El periodista e investigador estadounidense Cristopher Hitchens considera también que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, fue el ideólogo de esa acción represiva, al permitir que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), diera instrucciones al jefe de la DINA y usara la Escuela de las Américas para ello.

El gobierno de Estados Unidos no se limitó a entrenar torturadores, ya que varias agencias y ramas del Estado norteamericano "colaboraron activamente" con el Plan Cóndor. De acuerdo con la autora J. Patrice McSherry, autora del libro Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America (2005). —que ha sido traducida al castellano como ”Los estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina” (2009, dirigentes políticos estadounidenses de alto nivel —entre ellos Henry Kissinger— consideraron a la mencionada Operación como “un arma eficaz para la cruzada anticomunista en el hemisferio”

Se dice que otros países como Perú, Ecuador y Colombia (con la organización paramilitar colombiana conocida como Alianza Americana Anticomunista), participaron en esta operación, de acuerdo con lo revelado por los archivos del terror.

Según los llamados archivos del terror, descubiertos por el abogado Martín Almada en Paraguay en 1992, el plan Cóndor dejó un saldo de 50 mil muertos, alrededor de 30 mil desaparecidos y 400 mil presos.

A estos resultados se les suma las torturas, el traslado de detenidos a otros países y el constante seguimiento y vigilancia a los enemigos políticos.

El general Alfredo Stroessner llevaba ya una década en el poder en Paraguay,-desde 1954- cuando los militares brasileños derrocaron al gobierno democrático y popular de João Goulart, en 1964. Después de una serie de golpes de Estado en Bolivia llegó al poder el general Hugo Bánzer en 1971 luego de derrocar al socialista Juan José Torres, también con ayuda norteamericana. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet y la Junta Militar, con el apoyo y las instrucciones de la CIA estadounidense, derrocaron al presidente Salvador Allende, quien murió en la casa gubernamental bajo bombardeo.

Coincidiendo con el plan general de “ajustar” el Cono Sur, donde crecían movimientos populares de envergadura, también en 1973, se instaló la dictadura cívico-militar en Uruguay y sólo tres años después, el 24 de marzo de 1976, una Junta Militar, presidida por el general Jorge Rafael Videla, tomó el poder en Argentina derrocando a Isabel Martínez de Perón (ver más), bajo cuyo gobierno ya había comenzado a actuar la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en una coordinación criminal, con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

“Los opositores huían a los países vecinos creyendo que allí estaban seguros y no era así”, explicó la abogada querellante Alcira Ríos, que trabajó ya en la primera causa por el Plan Cóndor, abierta a finales de los años 90. “Este juicio tiene una importancia fundamental porque demostrará que hubo una asociación ilícita de las dictaduras suramericanas para detener y hacer desaparecer a opositores políticos”, manifestó la jurista.

Un documento desclasificado de la CIA del 23 de junio de 1976 explica el surgimiento de este plan: “a principios de 1974, agentes de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas contra objetivos subversivos”. Luego se integrarían Brasil, Perú y Ecuador.

Argentina fue el epicentro del operativo, y el país donde la represión contra nacionales y extranjeros alcanzó mayores dimensiones, con 30 mil desaparecidos según algunos organismos de derechos humanos. Posteriores gobiernos indemnizaron a los familiares de 16 mil desaparecidos.

En Chile, el ex dictador Augusto Pinochet —quien se jactaba de que no se movía una hoja en Chile sin que él lo supiera— nunca admitió su participación en este plan, aunque colaboradores cercanos reconocieron su responsabilidad política al albergar en Chile en noviembre de 1975 una de las primeras reuniones de coordinación para la ejecución del plan.

Por los archivos desclasificados de la CIA, se supo que Manuel Contreras, jefe de la DINA en Chile, fue invitado en 1975 al cuartel General de la CIA en Langley Virginia, por 15 días. Después de esa visita, Contreras aparece como "creador" de la Operación Cóndor. El periodista e investigador Cristopher Hitchens vincula a Henry Kissinger como el ideólogo de dicha operación. El asesinato del general chileno Carlos Prats en Argentina y del ex ministro del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier en Estados Unidos (Ver más), fueron partes de la operación mientras que Bernardo Leighton escapó justo de una tentativa de asesinato en Roma, organizada por el terrorista italiano Stefano Delle Chiaie, quien era un miembro de la Operación Gladio. Quien accionó la ametralladora que hirió gravemente a Bernardo Leighton y a su esposa, fue el terrorista de origen cubano Orlando Bosch Ávila, implicado con Luis Posada Carriles en el sabotaje con una bomba de C4 de un avión de la Cubana de Aviación, que estalló frente a las costas de Barbados en 1976 (murieron 73 personas). Los agentes de la Operación Cóndor actuaron tanto en países de América Latina como en Estados Unidos y Europa. En Madrid intentaron secuestrar a líderes del MIR chileno mientras que en Roma operaron contra disidente políticos argentinos.

En Bolivia, el ex general Hugo Banzer, presidente de facto entre 1971-1978, fue sindicado de haber coordinado la lucha antiizquierdista, principalmente con sus pares de Chile y Argentina, aunque él oficialmente negó cualquier relación o vinculación.

En Paraguay, los “Archivos del terror” encontrados cerca de Asunción en 1992 muestran la participación de la dictadura paraguaya en el plan. “Brasil tuvo un papel poco conocido, pero activo, en la Operación Cóndor”, según la Comisión de la Verdad instalada en 2012 para investigar las denuncias por la presidenta Dilma Rousseff, una exguerrillera detenida y torturada por la dictadura militar (1964-85).

En Uruguay, coincidentemente a la década de los 70, de acuerdo a los procedimientos habituales de las dictaduras del Cono Sur en su declaración de gobernantes de facto, Juan María Bordaberry se autonomino dictador prohibiendo al resto de los partidos políticos su existencia. En este país el golpe de estado se dio en el año 1973 y perduró hasta 1985, período en el que se asesinó, torturó, encarceló, secuestró y desapareció a una gran cantidad de personas, bajo el argumento de la lucha contra la "subversión". Previo a 1973, ya existían agentes de la CIA asesorando a las fuerzas de seguridad uruguayas, cuyo ejemplo más conocido fue Dan Mitrione, (asesinado por la guerrilla tupamara en 1972) quien también enseñó métodos de tortura para los comandantes militares sudamericanos en la "Escuela de las Américas" situada en Panamá. (Por más información sobre este aspecto ver el film Estado de sitio del director griego Costa-Gavras). En relación a su población, Uruguay fue el país que tuvo mayor número de presos políticos durante la Operación Cóndor. La CNT del Uruguay (Central Nacional de Trabajadores) mantuvo una huelga general por varias semanas a raíz del golpe de Estado. En este país, en ninguno de los juicios por violaciones de los derechos humanos en la última dictadura hubo procesados por haber participado en el Plan Cóndor, aunque sí hay condenados por asesinatos ejecutados en el marco del plan. Durante la dictadura uruguaya desaparecieron unos 200 opositores, en su mayoría en Argentina, en el marco del Plan Cóndor.

Un informe estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron también en miembros de este plan. Los imputados son 32 antiguos miembros de juntas militares de Latinoamérica. Entre ellos hay uno de Bolivia, cuatro de Perú, 11 de Chile y 16 de Uruguay, quienes se han negado a participar, a excepción del uruguayo Jorge Néstor Troccoli. Cuatro décadas después de los atropellos, la justicia italiana inició un proceso contra integrantes de las dictaduras latinoamericanas por la muerte de unos 20 italianos víctimas de la llamada Operación Cóndor

Ecuador comenzó a participar en el Plan Cóndor a partir de 1978, según este informe entregado por el Archivo de Seguridad Nacional de EE.UU. al juez Baltasar Garzón en agosto de 1999, consta que Ecuador "aceptó participar en la Operación Cóndor". La responsabilidad de tales actividades descansaba en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, el que distribuía tareas de información, telecomunicaciones y guerra psicológica entre las diferentes ramas del Ejército. El documento señala también la oferta de entrenamiento que el Ejército de Chile había sugerido al ecuatoriano. El ex Comandante General del Ejército, José Gallardo Román, siempre ha asegurado que Ecuador nunca formó parte de esa estrategia. Para el ex ministro de Defensa jamás se siguieron las directrices del Plan: "Los hechos hablan solos, en nuestros gobiernos militares no hubo la represión de otros países".

Sin embargo, la presencia en Ecuador del ex General argentino Guillermo Suárez Mason en misiones de la CIA, evidencian los lazos entre las diferentes dictaduras y la incorporación del país al Plan Cóndor. Suárez Mason fue una importante figura de la dictadura argentina, de la Liga Anticomunista Mundial y un agente privilegiado de la CIA, convirtiéndose en uno de los mayores criminales de su país y de la región. Nunca tuvo un solo gesto de arrepentimiento y admitió firmar "entre 50 y 100 sentencias de muerte por día durante mucho tiempo", según consta en archivos desclasificados por el gobierno de EE.UU. Para Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, no existe ningún tipo de dudas.

Francisco Morales Bermúdez, presidente del Perú entre 1975 y 1980 incluido en el proceso, niega su apoyo al plan, pero casos como el secuestro y desaparición en Lima de tres argentinos del Movimiento Peronista Montonero parecen indicar lo contrario.

En una nota firmada por Morales Bermúdez publicada en “El Comercio” el 28 de agosto de 2015 expresa que:

“Como gobernante del Perú de 1975 a 1980, debo exponer que nuestro país no formó parte de la denominada Operación Cóndor. Países como Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil la conformaron en las décadas de 1970 y 1980 con la finalidad de eliminar elementos subversivos que buscaban sacar del poder a los gobiernos militares. El Plan Cóndor fue una realidad que la historia muestra con crudeza, pues se cometieron, de forma sistemática, delitos como desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, para asegurar la permanencia en el poder de mandos militares. En cambio, las características del gobierno militar del Perú eran muy distintas a las de los gobiernos cuyos países pertenecieron a dicho plan. La Segunda Fase del gobierno militar peruano se caracterizó, con errores, omisiones y rectificaciones, por orientarse decididamente y de manera programática a volver a la democracia. Por ello, existió una distancia diametralmente opuesta entre el Gobierno del Perú y aquellos mencionados regímenes del cono sur.”

Entre los elementos que probarían que Perú no participó de la operación cita, por ejemplo, la sentencia “Caso Gelman versus Uruguay”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero del 2011 refiere la detención ilegal y arbitraria, tortura y desaparición forzada cometida por agentes estatales paraguayos a partir de 1973. En la página 23 de la sentencia se menciona que la Operación Cóndor fue formada por las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. No incluye al Perú dentro del plan.

También menciona la última sentencia dictada contra Rafael Videla en Argentina, se recuerda a los integrantes del Plan Cóndor, entre los que destacan Argentina, Uruguay y Chile. No se hace referencia al Perú, ni a su gobierno.

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Fuentes:
laprensa.peru.com
rpp.pe
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lavanguardia.com
la-razon.com
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