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martes, 14 de julio de 2015

La "Guerra del Fútbol"

Han pasado más de cuatro décadas desde el conflicto bélico librado entre Honduras y El Salvador, conocido coloquialmente como “La Guerra del Fútbol” o “La Guerra de las 100 Horas”.

Era un año especial. La humanidad se admiraba ante la posibilidad de que un humano caminara en la Luna; continuaba el gélido clima de la Guerra Fría; Vietnam atraía la atención mundial; el movimiento hippie estaba en su apogeo; en Latinoamérica, el régimen político por excelencia eran las dictaduras militares y brotaban los movimientos guerrilleros por doquier.

En medio del panorama, una noticia etiquetada como “la guerra del fútbol” acaparó el interés mundial.

Cuando Pipo Rodríguez corrió tras el balón en dirección al arco hondureño bajo la lluvia azteca de ese 27 de junio de 1969, nunca imaginó que su gol pasaría a la historia. No sólo porque hizo que El Salvador diera un paso más rumbo al mundial México 70, sino porque se recordaría la justa deportiva como pretexto para nombrar la guerra que el Ejército salvadoreño libró con el Ejército hondureño, del 14 al 18 de julio de 1969.


El Salvador y Honduras, dos pequeñas naciones, comenzaron la última guerra entre países centroamericanos. El conflicto duró cien horas, por lo cual es conocido como la Guerra de las Cien Horas, y dejó un saldo de seis mil muertos aproximadamente y una tensa situación con Honduras desde entonces.

El fútbol de selecciones es una réplica a pequeña escala de las rivalidades que a lo largo de la historia se han ido creando entre las naciones. Unas son puntuales, otras de larga data. Algunos enfrentamientos, incluso provocaron muertos. El caso más notorio es la bautizada por el reportero polaco Ryszard Kapuscinski, quien explicó por qué tituló así un reportaje sobre el hecho y un libro que reúne despachos de guerras. 
“Era una buena forma de llamar la atención del público. Yo di este título para llamar la atención sobre la palabra fútbol, porque, para mí, no es sólo un juego… tiene otros sentidos y connotaciones de patriotismo y nacionalismo”,
De hecho, en ambos países se vivió un nacionalismo exacerbado que se delata desde las canciones ofensivas, las arengas como “Hondureño, toma un leño y mata a un salvadoreño” y el tono nacionalista de las notas de prensa de la época en los periódicos nacionales.

Cuando el 8 de junio de 1969 Honduras recibió a El Salvador para el partido de ida de una eliminatoria decisiva para acudir al mundial la situación era ya muy volátil. Futbolísticamente era una oportunidad única de acudir a un mundial pues la gran potencia del norte, México, estaba clasificada de oficio por ser el país anfitrión. La afición local, en una tradición aún no olvidada en América Latina, no dejó dormir a la expedición salvadoreña la noche antes del encuentro. Aun así el empate inicial se rompió apenas a falta de un minuto para concluir el encuentro. Honduras ganó 1-0. A kilómetros de distancia el gol tuvo consecuencias inesperadas. La joven salvadoreña de 18 años, Amelia Bolaños, corrió hacia el escritorio de su padre en busca de la pistola que allí se guardaba. Apuntó y se disparó directamente al corazón. No había soportado la humillación de la derrota.

La muerte de Amelia fue mediatizada en El Salvador. Su funeral se transmitió por televisión. El ataúd, cubierto por la bandera salvadoreña, fue escoltado por el presidente, los ministros y el equipo de fútbol. Había sed de venganza. La llegada de la selección hondureña a El Salvador fue propia de un circo romano. Rigoberto la Shula Gómez, jugador hondureño, recuerda que el diario ‘El Mundo’ de El Salvador les tomó una foto en el aeropuerto. Posteriormente editaron la foto, les pusieron huesos en la nariz. Habían llegado caníbales a El Salvador, sugería el periódico.

La afición respondió a la incitación de los medios. Además de los tradicionales cánticos y gritos para no dejar dormir al rival, la hinchada salvadoreña puso en el hotel donde se hospedaba la selección hondureña ratas muertas y huevos podridos. La presión se hacía insostenible.

Los jugadores hondureños pasaron la noche en la azotea del hotel. Poco pudieron dormir. Al estadio llegaron escoltados por el ejército. A lo largo del camino los aficionados mostraban al enemigo fotos de su mártir: Amelia Bolaños. La bandera hondureña nunca fue izada durante el partido. Se quemó delante del público y en su lugar se izó un trapo sucio. Aquella batalla la ganó El Salvador 3-0.

A raíz de las agresiones físicas de los aficionados salvadoreños a los jugadores de la selección de fútbol de Honduras obligó el día 25 de junio a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir un comunicado en el que se pronunciaba sobre los hechos de violencia ocurridos el 15 de junio en el Estadio Flor Banca. "No es necesario remontarse -expresaba el documento- muy atrás para descubrir que el estallido de violencia antihondureñista fue algo preparado y cuidadosamente planificado. El partido de fútbol constituyó la chispa que hizo estallar la dinamita. Esta comenzó a colocarse hace ya varios años, cuando el gobierno de Honduras, en uso de su derecho, y, precisamente para evitar futuros males, invitó al Gobierno salvadoreño para que, en forma conjunta, buscaran solución al problema que constituye la desenfrenada inmigración hacia nuestro país, y simultáneamente, empezar a demarcar la frontera entre ambos Estados".

Durante el juego, los aficionados hondureños también se volverían víctimas de agresiones lo que terminó en fuertes luchas callejeras. Mientras esto estaba teniendo lugar, hubo también problemas en Honduras, ya que algunas casas y negocios pertenecientes a salvadoreños, eran incendiados, mientras sus dueños eran objeto de humillación y ataques por la chusma.

Después de que el juego termino, la violencia contra los inmigrantes salvadoreños en Honduras aumentó, causando fuertes protestas del gobierno salvadoreño. Grandes números de inmigrantes salvadoreños retornaban a El Salvador después de ser expulsados de Honduras. Historias de terror narradas por estos empezaron a circular entre la población salvadoreña, disparando el sentido de patriotismo y causando un extendido rechazo para los hondureños.

De vuelta en Honduras, felices los jugadores por haber perdido apenas el partido, no las vidas, el sentimiento de venganza surgió entre los hondureños. Salieron escuadrones a las calles a buscar salvadoreños. Lincharon y mataron inocentes.

El gobierno salvadoreño se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cable del 25 de junio, quejándose de que los salvadoreños residentes en Honduras habían sido objeto de "eventos violatorios de los derechos humanos, con carácter de genocidio, como asesinatos, persecuciones, agresiones, daños a la propiedad material y expulsiones masivas". La queja demandaba la presencia de una subcomisión en el terreno de los hechos con el propósito de investigarlos y ponerles fin. Al día siguiente, sin la respuesta del caso, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras, lo que era un claro indicio de la magnitud que el gobierno de aquel país le daba a los sucesos, principalmente al retorno masivo de salvadoreños.

Por su parte, Honduras también se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cable del 25 de junio el Canciller de la República, Tiburcio Carías Castillo, denunciaba que el gobierno salvadoreño había incurrido en violación de los referidos derechos al permitir el atropello a los ciudadanos hondureños que habían visitado El Salvador con motivo del encuentro futbolístico del 15 de junio. La comunicación demandaba, asimismo, la presencia de observadores en territorio hondureño para estudiar los hechos denunciados y comprobar que "los ciudadanos salvadoreños residentes en Honduras no son objeto, ni lo han sido nunca, de persecuciones ni atropellos de clase alguna". A estos comunicados respondió el Secretario General de la OEA, Galo Plaza, que pronto enviaría un subcomité al lugar de los sucesos y que los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua se habían ofrecido como mediadores en la disputa.

Como los preparativos bélicos de El Salvador eran manifiestos y en aquel país se había promovido la unidad nacional alrededor de las posiciones agresivas de su gobierno, el día 27 de junio se reunieron en Casa Presidencial más de 40 organizaciones políticas y populares de carácter nacional, cuyo primer comunicado se hizo público el 30 de junio. El mismo, decía: 
"por disposición del Gobierno de la República, el Comité Cívico Pro-Defensa Nacional constituye la esencia de las Fuerzas Vivas o sea el sector privado nacional. Lo integran nueve miembros de los distintos grupos político-económicos y cívicos existentes en el país. Se ha creado a solicitud del Gobierno de la República con el propósito de que el sector privado le brinde, en esta hora de emergencia, su contingente humano, espiritual y económico".
 El documento daba la siguiente consigna: 
"moderación y cordialidad hacia el pueblo salvadoreño, con énfasis muy especial en el buen trato que el pueblo de Honduras debe dar a los salvadoreños bien nacidos que conviven y han convivido por años con nosotros".
Tanto El Salvador como Honduras aceptaron, con fecha 28 de junio, la mediación de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países antes indicados. De inmediato, tales ministros hicieron sendos viajes a San Salvador y Tegucigalpa con el fin de entrevistar a altos funcionarios de los respectivos gobiernos. Al finalizar las pláticas el día 30, emitieron un comunicado e hicieron ocho recomendaciones sobre la solución pacífica del conflicto: 
  1. Reasumir la autoridad, por parte de los gobiernos, para evitar actos violentos contra los ciudadanos del otro país; 
  2. Renunciar a las actividades bélicas por ambas partes y evitar la concentración de tropas en una franja de cinco kilómetros a uno y otro lado de la frontera; 
  3. Tomar medidas para ponerle fin a la propaganda que incita a la violencia; 
  4. Renovar el cumplimiento por ambas partes de los tratados vigentes sobre el Mercado Común;
  5. Iniciar investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos en los incidentes que tuvieron lugar en uno y otro país; 
  6. Investigar los daños a la propiedad y establecer las compensaciones del caso; 
  7. Que ambos gobiernos celebren un tratado de inmigración; y 
  8. Establecer un mecanismo que garantice el cumplimiento de las anteriores medidas
Al día siguiente de la ruptura de relaciones diplomáticas, los equipos de fútbol de ambos países se enfrentarían de nuevo. Poco después que el juego termino con la victoria salvadoreña, la chusma se desenfreno de nuevo en Honduras, atacando casas y negocios salvadoreños, y dejando como resultado, varias personas heridas. El nacionalismo se avivó. El gobierno y la prensa de ambos países atizaban al pueblo. Finalmente, el 14 de julio la aviación salvadoreña bombardeó Tegucigalpa. 


La respuesta fue inmediata. Se crearon campos de concentración en Honduras para los miles salvadoreños que allí vivían. El estadio de fútbol, donde congregaron miles, fue testigo de atrocidades. El ejército salvadoreño cruzó la frontera y llegó a vislumbrar la posibilidad de alcanzar Tegucigalpa. 

Días después la mediación de la Organización de Estados Americanos frenó la barbarie logrando imponer un alto al fuego que entró en vigor el 20 de julio. Las cifras de muertos varían según la fuente, pero oscilan entre 2.000 y 6.000 muertos.

Antecedentes

El origen del conflicto radicó en los más de 100.000 salvadoreños que trabajaban el campo hondureño en precarias condiciones. Desde mucho antes de la década de 1960, El Salvador, el país más pequeño del istmo, con una gran densidad demográfica (3 millones 300 mil habitantes en ese tiempo), enfrentaba el histórico problema de la tierra y la industria no podía absorber la población desempleada.

Honduras por su parte –con 112 mil 88 kilómetros cuadrados y apenas 2 millones de habitantes para ese entonces– se antojaba como un paraíso laboral, por lo cual miles de salvadoreños cruzaron la frontera

Si los salvadoreños se quejaban de maltratos y abusos, los hondureños los acusaban de quitarles la oportunidad de trabajar en su propio país. Si por un lado los campesinos salvadoreños habían sido forzados a emigrar, por el otro la reforma agraria de 1969 en Honduras los expropió y expulsó de vuelta a El Salvador. La prensa, nacionalista ella, impulsada por los respectivos gobiernos, atizaba en contra del otro país. La tensión en la frontera estaba servida.

Para poder entender los orígenes de este conflicto, es necesario remontarse a principios del siglo 20, cuando las compañías americanas United Fruit y su rival la Standard Fruit Company, operaban en la región, y más específicamente en Honduras. Ambas compañías transnacionales se dedicaron a la plantación y cosecha de bananos, usando para este propósito las grandes áreas de tierra fértil que podrían encontrarse en Honduras. Con el paso del tiempo se hizo necesario importar obreros extranjeros, ya que los hondureños involucrados en estas actividades se volvieron insuficientes en número. Para ese propósito, se contrataron los servicios de campesinos salvadoreños que vivían en la región fronteriza; estas regiones fronterizas, estaban mal definidas y eran objeto de interminables demandas territoriales por ambos países.

Conocedores de las oportunidades de trabajo en Honduras, la inmigración campesina salvadoreña aumentó y continuó aumentando durante los años siguientes. A finales de la década de los años sesenta, había casi 300,000 salvadoreños viviendo en tierras hondureñas. El gobierno hondureño miró con buenos ojos la presencia de los campesinos, y en general toleró su falta de estatuto legal, debido a que este no era un requisito para volverse ciudadanos hondureños.

Durante el mismo período de tiempo, a principios de 1960, las naciones centroamericanas estaban buscando la liberalización del comercio de la región, enmarcado en un Mercado Común centroamericano (Mercomun) el cual fue establecido precisamente en 1960. Sin embargo poco después de su creación, se hizo evidente que el país más beneficiado con el tratado sería El Salvador, ya que sus exportaciones aumentarían en seis veces, mientras aquéllas de Honduras, el país más afectado, sólo crecerían en un 50% y por lo tanto, quedaría relegado a la categoría de nación satélite. Este hecho provoco que empezara a crecer un resentimiento entre los sectores económicos hondureños y disparo la denuncia hondureña de los acuerdos comerciales firmados entre los dos países, ya que sentían que sus colegas salvadoreños estaban haciéndose ricos a sus expensas. Para empeorar las cosas, los cambios políticos en Honduras terminarían trayendo un considerable enfriamiento a las relaciones con El Salvador, y esto tendría que ver directamente con el tratamiento de los hondureños hacia los campesinos salvadoreños viviendo en su país, volviéndose más y más hostil.

Con el paso del tiempo, hacendados hondureños, quienes en gran medida influían la escena política, también comenzaron a sentirse dañados por la presencia de campesinos salvadoreños, argumentando que esta situación sólo beneficiaba al país vecino. Poco después, ellos también empezarían a presionar al gobierno, exigiendo la expulsión de los salvadoreños que no habían querido obtener la nacionalidad hondureña. Como resultado, tuvo lugar la expulsión violenta de algunas familias salvadoreñas en las áreas fronterizas, y también agregado a esto la negación a los servicios de salud y educación para aquéllos que permanecieran en el país.

En medio de actos esporádicos de violencia contra los campesinos inmigrantes, los dos gobiernos comenzaron negociaciones encaminadas a resolver el problema, y firmaron tres acuerdos de inmigración, el primero de ellos en 1962 seguido por otro en 1965, y el último en 1968. Sin embargo, mientras los dos gobiernos estaban negociando, en Honduras se formaron grupos armados extra-oficiales con el propósito de hostigar y controlar a los salvadoreños que vivían en el país. Esta situación se empeoró por un golpe de estado que puso en la presidencia al General hondureño Oswaldo López Arellano quien tenía un punto de vista muy diferente al de su antecesor con respecto a la situación de los inmigrantes.

El número de salvadoreños expulsados aumento, como también la intensidad de la violencia de las expulsiones y expropiaciones. La gota que derramo el vaso tendría lugar en junio de 1969, cuando el Gobierno hondureño instituyó una Reforma Agraria que no tomo en consideración a los campesinos salvadoreños, y para hacer las cosas peores, tomó sus tierras para dárselas a los campesinos hondureños. Las actividades de los grupos armados, ahora tácitamente apoyados por el gobierno, se incrementaron mientras tenía lugar la primera expulsión oficial de campesinos en gran escala, y durante la cual, más de cien familias fueron violentamente expulsadas del país.

El retorno de los campesinos a El Salvador trajo rápidamente una serie de problemas para este país, ya que todos retornaban como desempleados, los cuales necesitaban comida, ropa y algún tipo de abrigo, todo esto en medio de una crisis económica que ni incluso las ventajas obtenidas a través del Mercomun habían podido aliviar. Al mismo tiempo, estaban teniendo lugar incidentes fronterizos, que involucraban a tropas salvadoreñas que entraban en el territorio hondureño sin objetivo aparente las que al ser capturadas, ocasionaron un incidente diplomático. En alguna clase de venganza, las autoridades salvadoreñas detuvieron y encarcelaron a un pariente del presidente hondureño que vivía en El Salvador. La tensión aumentaba por minutos, pero la intervención de presidente americano Lyndon B. Johnson – quien visitaba Honduras en ese momento – finalmente lograría alcanzar la liberación de las tropas salvadoreñas, a cambio de la libertad del pariente del presidente hondureño.

Durante los días siguientes, el gobierno hondureño empezó una campaña de desarme en la población civil, y esto rápidamente degeneró en acciones contra salvadoreños que todavía vivían en las áreas fronterizas. Esta acción causó que el gobierno salvadoreño buscara la intervención de la Organización de Estados Americanos como mediador para resolver el conflicto, pero estos esfuerzos fueron infructuosos. Poco después, ambos países empezaron la movilización de tropas hacia su frontera común, principalmente junto al Río Goascorán, en un área cerca del Golfo de Fonseca.

Los incidentes fronterizos no estaban lejanos, y quizás el más serio de ellos fue el que tuvo lugar el 3 de julio, cuando un DC-3 perteneciente a SAHSA (Servicio Aéreo de Honduras S.A.) fue atacado por el fuego de la artillería antiaérea salvadoreña, mientras estaba ganado altitud después de despegar del campo de aviación de Nueva Ocotepeque, a ocho kilómetros de la frontera con El Salvador.

La guerra de nervios aumentaría en intensidad durante los días siguientes, en medio de mutuas acusaciones de ataques a puestos fronterizos y violaciones al espacio aéreo por ambas naciones. Finalmente, 12 de julio la Fuerza Aérea Hondureña entró en estado de alerta, estableciendo dos comandos operacionales. 


Esta maniobra correspondía a la necesidad de efectuar una dispersión táctica de fuerzas, durante la cual el mayor número de aviones de la Fuerza Aérea Hondureña permanecería en el Aeropuerto de Toncontin en Tegucigalpa, mientras un grupo de aviones se movería al Aeropuerto de La Mesa, en San Pedro Sula dónde se conformaría el Comando Norte.

La Fuerza Aérea Salvadoreña también emprendió maniobras tácticas, comenzando con la preparación de las pistas de aterrizaje localizadas en la Isla Madresal, San Miguel, Santa Ana, San Andrés y Usulután, a dónde los aviones se dispersarían después de que tuvieran lugar las primeras acciones. Al mismo tiempo, se llamaron a todos los pilotos civiles en El Salvador para unirse a la Fuerza Aérea como voluntarios, debido a que el número de pilotos militares era realmente bajo.

Con estas acciones y otras emprendidas por las Fuerzas Aéreas y Ejércitos de cada país – incluyendo la movilización de tropas a las áreas fronterizas cerca del Golfo de Fonseca y del norte de El Salvador, la escena estaba finalmente preparada para lo que sería una corta pero intensa confrontación.

Bombardeo de Acajutla (El Salvador)
Por fin, el Consejo de la OEA, reunido el día 18 de julio, acordó el cese del fuego a partir de las diez de la noche de esa fecha, así como el repliegue inmediato de las tropas, "de manera que estas operaciones se terminen dentro de un plazo de 96 horas, contadas a partir de las 22 horas del día 18 de julio de 1969, hora local centroamericana". Aunque el cese del fuego se aplicó, El Salvador no puso en práctica ninguna medida para retirar sus tropas y más bien movilizó paracaidistas el día 21, de modo que, al llegar las diez de la noche del día 22, las mismas aún se encontraban en los territorios ocupados. El pretexto para asumir tal actitud era "obtener garantías efectivas, a satisfacción de El Salvador, sobre la vida y derechos de los salvadoreños residentes en Honduras, en igualdad con los nacionales hondureños".

Finalmente, el 26 de julio se efectuó en Washington la decimotercera reunión del Órgano de Consulta de la OEA. Durante la misma, El Salvador presentó la solicitud de que se aplicarán sanciones a Honduras por el supuesto delito de "genocidio" y que, conforme a los artículos 7 y 8 del Tratado de Río, todos los estados miembros rompieran relaciones diplomáticas con Honduras para montarle después un bloqueo económico. Esto indignó a los Ministros de Relaciones Exteriores, quienes prepararon de inmediato una resolución declarando "Agresor" al Estado salvadoreño, con las consiguientes medidas de castigo. Ante tal amenaza, el gobierno de El Salvador renunció a sus pretensiones absurdas y aceptó una resolución "moderada", es decir, sin represalias para ninguna de las partes, sobre la base de retirar las tropas de nuestro territorio. Esta operación comenzó a efectuarse el 1 de agosto, mediante el procedimiento de entregar a la OEA las poblaciones ocupadas para que dicho organismo las depositara, a su vez, en manos del gobierno hondureño.

La OEA declaró finalmente a El Salvador como el país agresor, pero el gobierno resistió todas las presiones ejercidas por este organismo internacional, tendientes a efectuar un retiro de tropas de Honduras. Días después, y después de persuasivas maniobras que incluyeron la amenaza de fuertes sanciones económicas a El Salvador, el gobierno de este país ofreció retirar sus tropas a principios de agosto, a cambio de contar con observadores internacionales para verificar el estado de los salvadoreños que todavía vivían en las áreas fronterizas de Honduras. Poco después, durante los primeros días de agosto, tiene lugar el primer retiro masivo de tropas salvadoreñas del territorio hondureño.

Por otro lado en Honduras, el Ejército obtuvo un resultado sin precedentes, en donde se hizo evidente el patriotismo, y donde se fortalecieron los lazos de unidad en la sociedad. El hecho que miles de civiles se habían acercado voluntariamente al Ejército para ofrecer sus servicios en la defensa de Honduras, muchas veces armados sólo con palos y machetes, causaría que las autoridades hondureñas prestaran más atención al desarrollo económico y el bienestar de la población, una clara señal de agradecimiento por ese gesto. 

Con respecto a las bajas, habían sido reportadas más de 2000, la mayoría civiles, en ambos países, quienes murieron durante los operaciones militares o como resultado de los excesos cometidos por soldados de ambos países. El número exacto sin embargo, probablemente nunca se conocerá.


La guerra – como tal – había durado cuatro días. Tomaría sin embargo, más de dos décadas para que ambos países alcanzaran un acuerdo de paz que beneficiara a ambos y les permitiera empezar relaciones bilaterales constructivas.

Consecuencias

La guerra Honduras-El Salvador produjo, naturalmente, serias consecuencias. En primer lugar está la pérdida de numerosas vidas humanas y la destrucción material. Aunque no se tiene estadísticas precisas, es común hablar de que el choque antes referido causó un total de seis mil víctimas, entre muertos y heridos. Asimismo, produjo la destrucción de pueblos enteros a lo largo de la frontera y la ruina de numerosos centros de producción agropecuaria, muchos de ellos saqueados por las bandas de maleantes que acompañaban a las tropas. Pero, además de todo esto, el conflicto alteró profundamente las relaciones entre ambos países y entre los dos pueblos. Respecto a lo primero ocurrió que los estrechos vínculos estatales, se rompieron rotundamente después del 14 de julio de 1969. Referente a lo segundo, sin duda alguna hubo un cambio sensible: terminó la fraternidad abierta entre los ciudadanos de uno y otro país. El sobrenombre de "guanacos", dado amistosamente a los salvadoreños en otras épocas, se volvió un insulto intolerable dentro de Honduras inmediatamente después de la guerra. Lo mismo pasó con el apodo de "catrachos" con que se nos conoce a los hondureños en Centroamérica y que se tornó una gran ofensa en territorio salvadoreño.

Desde el punto de vista económico, la mayor consecuencia del conflicto fue la ruptura de la Integración Centroamericana, un programa que ya se mencionaba como ejemplo en su género. Honduras, ciertamente, no sólo suspendió todo intercambio comercial con El Salvador, sino que también cerró sus fronteras para el paso de mercancías de otros países hacia aquél. Esta actitud significó la desintegración el Mercado Común, pues los demás países centroamericanos no pudieron mantener con cuatro miembros una estructura que había sido concebida y organizada con cinco. Por ello, y dados los altos beneficios que para algunos de esos países significaba dicho aparato, casi inmediatamente después de concluida la guerra comenzaron los esfuerzos para tratar de convencer a Honduras de que volviera a darles vigencia a los organismos y a los tratados integracionistas.

El 4 de noviembre de 1969 se reunieron en el aeropuerto El Coco, de San José, el Presidente de Costa Rica y el de Nicaragua. Ambos resolvieron convocar a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, a fin de encontrar "los medios de restablecer el funcionamiento del proceso de integración económica y los organismos del programa". Los Cancilleres efectuaron esa reunión el 9 de noviembre en la capital costarricense. Allí se acordó "realizar consultas con sus respectivos gobiernos…, a fin de lograr la consolidación de la paz, la reestructuración del Mercado Común Centroamericano y restablecer el funcionamiento de los órganos y mecanismos del proceso de integración económica". El 3 de diciembre volvieron a reunirse los Cancilleres centroamericanos, oportunidad en la que acordaron estudiar el establecimiento de un modus operandi para "el actual funcionamiento del Mercado Común", con cuyo fin fue creada una comisión ad hoc.

Durante la tercera reunión de Ministros de Economía de Centroamérica, celebrada del 21 al 25 de julio de 1970, Honduras presentó sus puntos de vista sobre cómo debería ser el "modus operandi" sugerido por la reunión de Cancilleres del 3 de diciembre de 1969. En dicho planteamiento, la delegación hondureña expresó que el referido mecanismo no sólo debería considerar los problemas suscitados a raíz del conflicto Honduras-El Salvador, sino también las dificultades observadas en el funcionamiento del esquema integracionista desde su inauguración en 1960. De esta manera nuestro país proponía, en el fondo, una reestructuración total del Mercado Común Centroamericano, al contrario de lo que planteaban otros países, entre ellos El Salvador, Guatemala y Costa Rica, que limitaban sus demandas únicamente al arreglo de las dificultades surgidas a partir de julio del 69.

La fórmula hondureña, por lo tanto, encontró el rechazo de "aquellos países que a lo largo de la negociación propugnaron por mantener incólume la libre decisión empresarial y cierto tradicionalismo en la interpretación y aplicación de los Tratados". Por eso fracasó el arreglo sobre el "modus operandi" y a Honduras no le quedó otro recurso que tomar medidas defensivas de tipo unilateral. El 30 de diciembre de 1970, el Congreso emitió el Decreto No.97, por medio del que Honduras rompía prácticamente con el Mercado Común Centroamericano y adoptaba la política de los "convenios bilaterales de reciprocidad comercial con los países centroamericanos con quienes mantiene relaciones y con otros países del mundo

Finalmente, el conflicto tuvo consecuencias de carácter político dentro de Honduras. Nuevas fuerzas sociales emergieron con mayor protagonismo y los cambios por democratizar el país dos años más tarde se concretaron en el gobierno de unidad nacional. 


El Tratado de Paz

Con la mediación del jurista peruano José Luis Bustamante y Rivero, se firmó un Tratado General de Paz entre las Repúblicas de El Salvador y Honduras, el 30 de octubre de 1980. De esa manera, después de once años de permanecer en latente estado de guerra, ambos países restablecieron sus relaciones de manera oficial. Por supuesto, para resolver en forma definitiva los problemas que dieron origen al conflicto armado de 1969. Por eso el documento antes dicho prevé una serie de medidas que tienden a canalizar la solución de dichas dificultades. El texto comprende nueve títulos, con los siguientes temas: I) Paz y Tratados, II) Libre Tránsito, III) Relaciones Diplomáticas y Consulares, IV) Cuestiones Limítrofes, V) Mercado Común Centroamericano, VI) Reclamaciones y Diferencias, VII Derechos Humanos y Familia, VIII)Compromiso de Fiel Cumplimiento y IX) Ratificación y vigencia. Sobre cada uno de estos asuntos se formulan respuestas concretas en el Tratado, por lo que el mismo reviste una importancia extraordinaria.

Sobre las cuestiones limítrofes, uno de los puntos más candentes, el Tratado plantea dos soluciones: 1) "delimitar la frontera entre ambas Repúblicas en aquellas secciones en donde no existe controversia", con cuyo fin el mismo documento señala siete secciones a lo largo de toda la línea, dejando entre ellas los puntos conflictivos; y 2) se nombra una Comisión Mixta de Límites para que, en el plazo de cinco años a partir de la firma del Tratado, demarque "la línea fronteriza en las zonas en controversia, una vez concluida la delimitación de dicha línea". Asimismo, es tarea de esta Comisión Mixta de Límites" determinar la situación jurídica insular y de los espacios marítimos", así como la demarcación de la frontera definida. Los miembros integrantes de la misma tienen el rango de diplomáticos y gozan de la correspondiente inmunidad.

En cuanto a la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia, el Tratado dispone: "si a la expiración del plazo de cinco años establecido en el artículo 19 de este Tratado, no se hubiere llegado a un acuerdo total sobre las diferencias de límites en las zonas en controversia, en la situación jurídica insular o en los espacios marítimos, o no se hubieren producido los acuerdos previstos en los artículos 27 y 28 de este tratado, las partes convienen en que, dentro de los seis meses siguientes, procederán a negociar y suscribir un compromiso por el que se someta conjuntamente la controversia a la decisión de la corte Internacional de Justicia". El documento le da el carácter de inapelable al fallo final de la Corte y señala que seis meses después de emitido el mismo, la Comisión Mixta de Límites deber hacer la demarcación de la línea fronteriza establecida por el fallo internacional. La Corte Internacional de La Haya pronuncia la sentencia en septiembre de 1992.

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