sábado, 18 de julio de 2015

18 de julio de 1994 - Un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires es el peor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial.

El atentado de la AMIA es considerado el peor acto terrorista en suelo argentino. A pesar de múltiples investigaciones, hasta ahora no hay una sola persona en prisión por el hecho, aunque se sospecha de miembros de la embajada iraní en Buenos Aires como autores intelectuales.

El lunes 18 de julio de 1994 a las 9:53 minutos de la mañana, unos 300 kilos de explosivos estallaron frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ubicada en el centro de Buenos Aires.

En ese atentado murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. La AMIA es el principal centro comunitario de la colectividad judía en Argentina. Este hecho es considerado el mayor acto terrorista de la historia en suelo argentino.

Se utilizaron cerca de 300 kilos de explosivos que fueron puestos sobre una volqueta de un Renault Trafic.

La comunidad judía en Buenos Aires es la más grande de América Latina y la quinta en el mundo. Este ataque contra uno de sus centros ocurrió solo dos años después de que otra explosión frente a la embajada israelí en Buenos Aires había matado a 29 personas.

De inmediato la justicia argentina inició una investigación para identificar a los responsables del hecho. A este caso se lo denomina "la causa AMIA".

Las primeras pesquisas indicaban que empleados de la embajada iraní en Buenos Aires estaban involucrados en el atentado.

Pero también se acusó a un grupo de ciudadanos argentinos -incluidos miembros de la policía local-de brindar apoyo logístico y operativo para llevar a cabo el ataque. A ellos se los consideró la "conexión local" del caso.

Entre las personas involucradas en la "conexión local" estaba Carlos Telleldín, un empresario y comerciante de autos, quien fue acusado de vender la camioneta Renault Trafic que fue utilizada en el atentado.

Sin embargo, debido a varias irregularidades en el proceso -incluido el pago de US$400 mil a Telleldín por parte del juez Juan José Galeano para que testificara en contra de los miembros de la policía- en 2006, 12 años después del atentado, la justicia argentina determinó la nulidad de la causa AMIA y las personas involucradas fueron absueltas. Hasta ahora no hay ninguna persona presa por el atentado.

Durante años, el gobierno de Irán había negado su implicación en el caso y no había colaborado con la justicia argentina.

El fiscal Alberto Nisman continuó con esta línea cuando se hizo cargo de la investigación en 2005, bajo el mandato del entonces presidente y esposo de Cristina FernándezNéstor Kirchner.

El 7 de noviembre de 2007 logró reunir suficiente evidencia para solicitar a la Interpol la captura de cinco ciudadanos iraníes: el exministro de Seguridad Alí Fallhijan; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria y actual miembro de un consejo que asesora al Líder Supremo Alí Jamenei; el exjefe de la Guardia Revolucionaria y actual ministro de Defensa, Ahamad Vahidi; el ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani (quien estuvo en Argentina por 14 años hasta 1998) y el ex tercer secretario de esa sede diplomática, Ahmad Reza Ashgari. El gobierno iraní se negó a entregar a los acusados.

En septiembre de ese mismo año, el presidente Néstor Kirchner había denunciado al gobierno de Irán ante la plenaria de Naciones Unidas por la falta de colaboración para llevar ante la justicia a los relacionados en el caso.

En 2009, la actual mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, repitió la denuncia y le exigió al gobierno de Irán que extraditara a los funcionarios solicitados..

En ese entonces voceros del gobierno de Irán reiteraron su declaración sobre el asunto, pero añadieron que: "La República Islámica de Irán ya ha anunciado que está dispuesta a formar parte de un comité judicial y legal conjunto con Argentina, para clarificar varios puntos del caso".

La Comisión de la Verdad

En enero de 2013, después de varios rumores publicados en la prensa, Cristina Fernández anunció la firma un "Memorando de entendimiento" con el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, para lograr avanzar en la investigación que determinara si funcionarios iraníes investigados tenían responsabilidad en la causa AMIA. Los gobiernos de Irán y Argentina firmaron el Memorando de entendimiento en febrero de 2013

Parte del acuerdo incluyó la creación de una "Comisión de la Verdad", que entre otras cosas –según el gobierno argentino– permitiría que funcionarios judiciales pudieran interrogar a algunos de los iraníes acusados y estipulaba la colaboración de Irán para esclarecer la autoría del atentado.

Sin embargo, el acuerdo aprobado por el Congreso fue declarado inconstitucional en Argentina, mientras que nunca logró aprobarse en el parlamento iraní.

Además, dentro del país fue cuestionado por las víctimas del atentado y los miembros de la AMIA, que denunciaron que permitía que los responsables intelectuales quedaran exonerados del caso.

Según ellos, el Memorando podía afectar los pedidos de extradición internacional que ya estaban en marcha y además no explicaba si los interrogatorios tenían un sustento legal que ayudara en la causa judicial.

Dos décadas de investigación:

- 1994
18 de julio: a las 9:53 estalla un coche bomba en la Asociación Mutual Israelita de Argentina. Mueren 85 personas y 300 resultan heridas. El ataque se produce dos años después de uno similar contra la embajada de Israel en Buenos Aires. 

19 de julio de 1994. En un hecho que entonces se vinculó al atentado de la AMIA (la relación fue hecha, entre otros, por el diario estadounidense New York Times), un pequeño avión que realizaba un vuelo interno en Panamá estalló en el aire. Murieron las 21 personas a bordo, de las cuales 12 eran judías.

26 y 27 de julio: En otros dos hechos que en su momento algunos relacionaron con el ataque a la AMIA, un artefacto explosivo estalló frente a la embajada de Israel en Londres, dejando 20 heridos y al día siguiente otro frente a una organización caritativa judía en el norte de la capital británica, donde cinco personas fueron heridas. 

27 de julio: las fuerzas de seguridad argentinas detienen a Carlos Telleldín, vinculado a la comercialización de autos robados, acusado de facilitar la camioneta Trafic blanca con la que se cometió el atentado.

Fines de julio: El juez designado en Argentina para investigar el atentado, Juan José Galeano viaja a Caracas, Venezuela, a entrevistar a Manoucher Motamer (quien luego sería señalado como agente de la CIA), un ex diplomático iraní quien le entrega información que supuestamente incrimina a Irán, más precisamente a funcionarios de la embajada iraní en Buenos Aires.

10 de agosto: el juez federal Juan Galeano ordena la captura de los diplomáticos iraníes Abás Zarrabi Krorasani, Mahvash Musef Gholan Reza, Ahmad Allameh Falsafi y Akbar Parvaresch.

- 1995
12 de enero: el argentino Hugo Pérez declara como sospechoso de prestar ayuda para cometer el atentado.

26 de enero: la Policía Federal argentina detiene a Juan José Martínez como supuesto comprador de la camioneta que fue utilizada como "coche bomba".

29 de junio: dos personas, un argentino y un tunecino, detenidos por su vinculación con el atentado.
1 de julio: es detenido Oscar Castro, "El Sapito", por su presunta relación con el primer detenido en la causa, Carlos Telleldin.

16 de julio: Carlos Telleldín acusa a la policía bonaerense de estar involucrada en el ataque terrorista.

- 1996
Comienzos de julio: Telleldín recibe una oferta de U$S 400.000 del juez Galeano a cambio de información y poco después son acusados de participar en el ataque tres policías de alto rango y otro retirado, como parte de la llamada "conexión local".

- 1997
6 de abril: Se difunde un video en el que se ve al juez Galeano ofreciendo el pago a Telleldín.
Julio de 1997. Se suma el fiscal Alberto Nisman a la investigación.

- 2001
24 de septiembre: comienza el juicio oral y público por el caso AMIA. En el banquillo se sentaron Carlos Alberto Telleldín y los policías Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastacio Ireneo Leal y Mario Norberto Bareiro.

- 2003
21 de agosto: Hade Soleimanpour, ex embajador iraní en Argentina, es arrestado en Reino Unido, por un pedido de extradición de Argentina por su presunto vínculo con el atentado a la AMIA.

12 de noviembre: el Gobierno británico rechaza la extradición del ex embajador iraní en la Argentina por considerar que "no hay pruebas suficientes".

3 diciembre: la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires aparta del caso al juez Galeano y lo reemplaza por Rodolfo Canicoba Corral.

- 2004
2 de septiembre: después de tres años de juicio, el Tribunal Oral Número 3 absuelve a los 22 acusados de complicidad en el atentado por falta de pruebas.

13 de septiembre: Concluye la investigación de la audiencia federal. El Tribunal Oral Federal N° 3 declara nula una parte de la causa AMIA y absuelve a todos los imputados, tras casi tres años de juicio oral. Carlos Telleldín y la "conexión local" (en total 22 personas acusadas de complicidad en el ataque -entre ellos ex policías-) son absueltos por falta de pruebas. 

13 de septiembre: la Procuración General de la Argentina crea una fiscalía especial para el caso AMIA, dirigida por Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos.

- 2005
3 de agosto: El Consejo de la Magistratura destituye al juez Juan José Galeano por irregularidades en el manejo de la investigación.

- 2006
30 de mayo: el juez federal Ariel Lijo cita a declarar a Hugo Anzorreguy, que presidió la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el atentado y a dos de su colaboradores, Patricio Pfinnen y Alejandro Brousson.

19 de Septiembre: El juez federal Ariel Lijo procesa a Hugo Anzorreguy, jefe de la SIDE (servicio de inteligencia de Argentina); al exjuez Juan Jose Galeano; a Rubén Beraja, expresidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), entre otros, por malversación, pervertir el curso de la justicia, detención ilegal, confesiones forzadas y falsificación de documentos.

25 de octubre: El fiscal Alberto Nisman acusa formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo. Menciona a funcionarios y exfuncionarios iraníes.

1 de diciembre: la Justicia argentina declara prófugos a nueve ciudadanos iraníes, entre ellos, el ex presidente Hashemi Rafsanjani, a quienes acusa de complicidad en el atentado.

- 2007
7 de noviembre: Por solicitud de la Justicia argentina, Interpol emite pedido de captura para cinco iraníes: el exministro de Seguridad Alí Fallhijan; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria y actual miembro de un consejo que asesora al Líder Supremo Ali Jamenei; el exjefe de la Guardia Revolucionaria y actual ministro de Defensa, Ahamad Vahidi; el ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani (quien estuvo en Argentina por 14 años hasta 1998); y el ex tercer secretario de esa sede diplomática, Ahmad Reza Ashgari.

- 2008
Mayo: el fiscal Nisman pide la detención y el procesamiento del ex presidente Carlos Menem (1989-1999), de su hermano Munir, de Galeano, de Palacios y del ex titular de los servicios secretos Hugo Anzorreguy por presunto encubrimiento en la investigación.

- 2009
27 de mayo: La Corte Suprema ordena reabrir la investigación, haciendo lugar a la apelación -para revertir la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 y por la Cámara Nacional de Casación Penal que habían anulado el caso- presentada por la Fiscalía y por los familiares de las víctimas del atentado.

21 de septiembre: la presidente Cristina Fernández, pide en la ONU a Irán que colabore con la investigación y exigió a Irán que extradite a sus funcionarios señalados en la causa AMIA.

1 de octubre: El juez federal Ariel Lijo procesa en un juicio por encubrimiento al expresidente Carlos Saúl Menem (quien estaba en el poder cuando ocurrió el atentado) y a otros altos funcionarios acusados de irregularidades en la pesquisa, entre ellos el magistrado que llevaba originalmente la causa, Juan José Galeano. Entre los procesados también están los ex jefes de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchézar, y los policías responsables de la investigación, Jorge Palacios y Carlos Castañeda. También está acusado el hermano de Menem, Munir Menem, quien era jefe de la Unidad Presidencial cuando se realizó la investigación.

- 2010
22 de marzo: un tribunal de Buenos Aires confirma el procesamiento de Menem por presunto encubrimiento en la investigación del atentado.

Noviembre: El juez Lijo eleva a juicio oral la causa por encubrimiento en el que están procesados el ex presidente Menem y el ex juez de la causa, Galeano, entre otros.

- 2011
27 de febrero: Un cable filtrado por WikiLeaks muestra que el gobierno estadounidense presionó al fiscal Nisman para que se centrara en la investigación de los autores del atentado y no en el ex presidente Menem acusado de desviar presuntamente la investigación. 

- 2012
30 de marzo: la Justicia argentina eleva a juicio oral una causa por el supuesto encubrimiento del atentado, por la que están procesados Menem y otros cinco imputados.

- 2013
27 de enero: Los gobiernos de Argentina e Irán firman un memorándum de entendimiento para intentar avanzar con la causa. Prevé la creación de una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales (dos elegidos por cada país y un quinto consensuado) para analizar las investigaciones sobre el atentado. El convenio estipula que la Justicia argentina podrá interrogar en Irán a los cinco imputados que están requeridos por Interpol.

28 de enero: las asociaciones de judíos residentes en la Argentina expresan su "enérgico rechazo" al acuerdo entre el Gobierno de Cristina Fernández e Irán para crear una comisión especial que juzgue el atentado.
La votación del congreso argentino sobre el memorándum con Irán. Diputados opositores argentinos eran contrarios a la aprobación del acuerdo con Irán.
28 de febrero: La Cámara de Diputados de Argentina aprueba el memorándum de entendimiento con Irán, dándole rango de tratado internacional. Su contraparte iraní no hizo lo propio, aunque en mayo de 2013 se reportó que el entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, lo había firmado sin enviarlo a sus parlamentarios.

- 2014
6 de enero: La Cámara Federal decide que Carlos Telleldín debe afrontar un nuevo juicio oral por su supuesto rol en la causa.

15 de mayo: la Justicia argentina declara inconstitucional el acuerdo con Irán por la causa AMIA, tres días antes de cumplirse el XX aniversario del atentado suicida. El gobierno dice que apelará la medida.

21 de mayo: El juez federal Rodolfo Canicoba Corral eleva a juicio oral la causa contra Carlos Telleldín, acusado de homicidio calificado doblemente agravado

- 2015
13 de enero: Nisman denunció ante el juzgado federal que conduce Ariel Lijo, donde se investiga el desvío de la investigación del atentado contra la AMIA, que se habían producido una serie de actos con el fin levantar las alertas rojas de Interpol para detener a varios ciudadanos iraníes imputados en la causa AMIA como autores del atentado. En su denuncia Nisman sostiene que los autores de esos actos fueron la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Tímerman, el diputado Andrés Larroque y otros. Al mismo tiempo, los diputados opositores piden al fiscal Nisman que compareciera en el Congreso para dar detalles sobre la denuncia. El fiscal denunció a la mandataria por los delitos de "encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo del acto funcional".

Según Nisman, el Memorándum de Entendimiento suscripto entre Argentina e Irán, era una maniobra delictiva realizada con el fin de exculpar a los iraníes, solicitando a Interpol que dejara sin efecto el pedido de captura internacional, a cambio de destrabar las relaciones entre ambos países.
"La Sra. Presidenta ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los iraníes contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar la inocencia de Irán". 
En la carilla 270 de su denuncia, Nisman cuenta una reunión de Timerman con el secretario general de Interpol el 26 de noviembre de 2013 en la sede de la organización en Lyon y dice que el canciller argentino intentó convencerlo «para que cediera y dispusiera el cese de las notificaciones rojas». que avalan la decisión del gobierno argentino en mantener las alertas rojas. En el apartado de la página 83, cuando habla de los «motivos» del plan criminal, Nisman dice: «Timerman no cumplió, no porque no haya querido, sino porque Interpol se lo impidió». 
Alberto Nisman
15 de enero: el ministro Tímerman desestimó la denuncia y la calificó de «ridícula». Presentó un correo electrónico que Ronald K. Noble -quien hasta 2014 fue secretario general de Interpol- le había enviado a Tímerman la semana anterior, en el que afirmaba de manera categórica que tanto el ministro como la presidenta y todo el gabinete argentino permanecieron «cien por ciento comprometidos a que las alertas rojas de Interpol siguieran vigentes, [...] con una actitud consistente e inflexible».

Las palabras del funcionario quedaron respaldadas, también, por una entrevista que dio Ronald K. Noble ese fin de semana al diario Página/12. 
Lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojos contra los funcionarios iraníes. [...] En los últimos dos días me sorprendió totalmente escuchar semejantes afirmaciones falsas que se atribuyen a la denuncia del señor Nisman, a quien conozco. Al contrario, señor Nisman: el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y cada uno de los funcionarios del Gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición: las alertas rojas de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí.
Según declaraciones en varias entrevistas, el poder ejecutivo había elaborado un entramado para "borrar a Irán del caso AMIA" y permitir un intercambio comercial entre ambos países.

Por su parte el gobierno había rechazado las acusaciones. "La decisión del fiscal Nisman de imputar a Cristina es absurda y ridícula", afirmó Jorge Capitanich, jefe del gabinete de ministros y uno de los principales voceros del gobierno.

En declaraciones radiales, el juez federal encargado de la causa AMIA, Rodolfo Aristides Canicoba Corral dijo que se había enterado por los medios de que había una denuncia, y agregó que no había avanzado porque el fiscal no se lo había comunicado. Puso en duda la legalidad de los procedimientos llevados a cabo por el fiscal, y evaluó si tendría que separarlo de la investigación de la causa AMIA, debido a que consideró que el fiscal «cometió excesos».

16 de enero: Nisman afirmó que el lunes 19 de enero concurriría al Congreso con el fin de presentar y profundizar la denuncia contra los presuntos implicados. 

18 de enero: se esperaba que Nisman declarara ante la Cámara de Diputados y entregara las pruebas de sus acusaciones. Pero fue hallado muerto en su residencia con un disparo en la cabeza, doce horas antes de la citación declaratoria.

18 de enero: Julio Maier -ex profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires- afirmó que Alberto Nisman debería ser juzgado por haber sobrepasado la competencia del Poder Judicial: 
Desde mi punto de vista la denuncia del Sr. Nisman es un acto grave -me animaría a decir, gravísimo- que amerita su juzgamiento como funcionario judicial. Para mí, si el Consejo de la Magistratura cumple una de sus funciones establecidas por ley, debería iniciar el estudio de esa conducta [de Nisman], para cuya investigación solo se requiere, sin más, la copia de la denuncia. [...] Sobrepasar la competencia del Poder Judicial de modo tan burdo -ya que las relaciones exteriores están confiadas por la Constitución nacional al Poder Ejecutivo, en ocasiones en conjunto con el Poder Legislativo (la ratificación de los tratados), cualquiera que sea en esta materia la crítica sobre «buena» o «mala» decisión, según parámetros políticos- no es tarea que incumba al Poder Judicial de modo alguno. Pensar que una relación con otro país soberano, ratificada por ley [...], es un acto criminal, me conduce al asombro perturbador del que hablaba en un comienzo.
Ese mismo día aparece muerto al fiscal Nisman en su domicilio, horas antes de la reunión prevista para dar cuenta de sus denuncias en el Congreso de la Nación.

20 de abril: La denuncia que ya había sido rechazada en primera instancia por el juez Daniel Rafecas y luego su decisión había sido confirmada por el tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones. El fiscal a cargo hasta esa instancia, Germán Moldes, decidió apelar la decisión de la Cámara y la denuncia llegó hasta el fiscal de la Cámara de Casación Penal, Javier De Luca, que también la rechazó.

Muerte de Nisman

Cinco de los seis criminalistas convocados por la fiscal Viviana Fein para la pericia clave de establecer la mecánica de la muerte acordaron que Nisman estaba solo en el baño del departamento que alquilaba en la torre del complejo Le Parc cuando, alrededor del mediodía del 18 de enero, una bala calibre 22 penetró en su parietal derecho y terminó con su vida de manera casi instantánea.

La balanza también se inclina a la hipótesis de muerte autoinflingida porque en el sitio y en el arma no se encontraron otras huellas dactilares o perfiles genéticos que los del ex fiscal de la causa AMIA, quien tampoco había ingerido tóxicos que alteraran su conciencia ni presentaba ninguna herida de defensa, como mostró la autopsia.

Solo los peritos de parte de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que querella en nombre de las dos hijas que tuvo con Nisman, siguen sosteniendo que se trató de un asesinato y le apuntan al especialista en informática Diego Lagomarisno, que declaró haberle prestado el arma, pero sus argumentos no han revelado hasta aquí tener mayor rigor científico.

La fiscalía tampoco encontró por el momento huecos en la coartada del único imputado: Lagomarisno entró al departamento de Nisman dos veces el sábado 17 y la última lo abandonó a las 20.36, según las cámaras de seguridad del complejo, luego de entregarle el arma, según dijo. A las 21, según consta en el expediente, el fiscal seguía con vida y se comunicó con un custodio que debía entregar un sobre a un periodista.

El domingo 18 por la mañana, cuando según la mayoría de los peritos médicos Nisman aún seguía vivo, Lagomarsino salió del garage su casa hacia un shopping de Pilar y realizó compras con tarjeta, cuyos comprobantes presentó, con lo cual no parece posible que haya estado con la víctima cuando murió.

Las sospechas sobre su posible participación en un plan criminal no terminan de disiparse, pero la fiscalía centra ahora sus expectativas en las últimas y sofisticadas pericias sobre los aparatos electrónicos del fiscal, y también de su entorno.

Ya se sabe que el viernes 16, mientras anunciaba su presentación en el Congreso para exponer su denuncia contra la Presidenta por el tratado con Irán, Nisman llamó tres veces al espía Antonio “Jaime” Stiuso, su principal proveedor de informaciones en la causa por el atentado a la AMIA de 1994, y éste no lo atendió.

Volvió a llamarlo el sábado 17, y al no tener éxito habló con su número dos, Alberto Massino, que si lo atendió pero dijo no saber nada de su ex jefe, según el testimonio que brindó en sede judicial.

A partir de ese momento, Nisman habló con un ex policía de apellido Bogadoriuk, al que no hizo pedido alguno por hallarse en Mar del Plata; luego hizo subir a su custodio Rubén Benitez y le pidió un arma para defensa, y finalmente -siempre según las declaraciones testimoniales de los involucrados- la obtuvo de su colaborador informático de máxima confianza.

Los cruzamientos telefónicos entre Stiuso con Nisman y también con otras flotas de radios que integran sus custodios han sido encomendadas a la división Fraudes Bancarios de la Policía Federal y no se circunscriben a los días de la muerte sino a todo el mes, para ver si surge algún patrón extraño.

Tanto la Federal como Cibercrimen de la Metropolitana han comprometido sus informes para fines de agosto, por lo cual Fein y su secretario Bernardo Chirichella no podrán comenzar a redactar su dictamen para elevárselo a la jueza Fabiana Palmaghini hasta mediados de septiembre.

Con esos tiempos impresos en la causa, resultaría muy difícil que la calificación definitiva del hecho -la definición acerca de si se trató de un crimen o un suicidio, o aun un suicidio inducido- exista antes de las elecciones de octubre próximo.


Fuentes
http://www.amia.org.ar/
http://www.bbc.com/
http://www.infobae.com/
http://www.telam.com.ar/