Translate

martes, 16 de junio de 2015

16 de junio de 1955 - en Buenos Aires (Argentina), la Aviación Naval Argentina bombardea la Plaza de Mayo (la principal de la ciudad) en un frustrado intento de golpe de estado contra el presidente Juan Domingo Perón. Deja un saldo de casi 400 muertos y unos 2000 heridos.

El 18 de julio los argentinos recuerdan con dolor y frustración el aniversario del criminal atentado de 1994 contra la AMIA. Murieron entonces 85 personas. Entre los asesinados había 77 argentinos, seis bolivianos, dos polacos, un chileno y una persona cuyos datos de nacionalidad se desconocen. La mayoría de las víctimas eran miembros de la comunidad judía de nuestra patria, comunidad que, como todos sabemos, es de las más importantes comunidades judías de la Diáspora en todo el mundo.

A la perversidad intrínseca del atentado se le han sumado y cumplido ya más de veinte años de la más absoluta impunidad. Impunidad que ha contado, sin duda, con la participación activa o pasiva, cómplice o culposa, de importantes instituciones del Estado argentino. 

Claro está que mientras reine la impunidad, la posibilidad de que la barbarie se repita estará siempre en un estado de latencia activa. Hasta que la verdad conduzca a la justicia, la bestia del terror seguirá allí con su presencia amenazante. Con la sana intención de resaltar la indudable ferocidad y perversión del atentado contra la AMIA. Se ha dicho y repetido hasta el hartazgo que “se trata del peor atentado terrorista de toda la historia argentina”. Lamentablemente, no es verdad.

Hace sesenta años atrás, el jueves 16 de junio de 1955, las nubes que cubrían el cielo de Buenos Aires fueron perforadas, apenas pasado el mediodía, por el vuelo rasante de treinta y cuatro, de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea argentinas que llevan pintadas en su fuselaje la consigna “Cristo vence”. El sonido habitual del quehacer cotidiano de un día laboral porteño fue ahogado por el rugir de los motores, el hasta entonces ignoto tronar de las bombas y el repiquetear impiadoso de la metralla. El objetivo declamado, asesinar a Perón. La verdad, otra y bien distinta. A través de un acto terrorista sin precedentes, se buscó quebrar la voluntad de resistencia de las mayorías populares que lo apoyaban, para iniciar la “desperonización” definitiva y el retroceso conservador de la sociedad argentina. El verdadero enemigo no era Juan Domingo Perón, presidente constitucional que había sido reelegido sólo tres años atrás con el 68% de los votos sino el pueblo peronista, al que había que recordarle que la piedad no era parte del diccionario de los “libertadores” y que el terror sería la medicina que habrían de inyectarle por la fuerza.


El criminal bombardeo de la ciudad de Buenos Aires sigue siendo hasta hoy, y esperemos que para siempre, el más grande atentado terrorista de toda la historia argentina. Hasta hoy nunca se conocieron cifras precisas sobre el número de masacrados por la metralla y las bombas lanzadas. El propio Perón, según algunos de los que vivieron aquella circunstancia trágica para la Argentina y su gente, se negó a que se diera a conocer el balance de muertos y heridos. El día había amanecido lluvioso; la temperatura no superaba los 4 grados y la rutina de la ciudad era la normal. A las 12.40 comenzó el bombardeo con 10 toneladas de bombas que provocaron la muerte de unas 400 personas y cerca de un millar de heridos y mutilados. Más de 50 niños fueron reconocidos en las morgues por sus delantales blancos. Entre quienes allí cayeron había peronistas, antiperonistas, católicos, creyentes de todo credo, ateos, todos argentinos asesinados en nombre de Cristo, de la libertad y de la democracia. Esa tarde Buenos Aires tuvo el siniestro privilegio de transformarse en la primera ciudad abierta del mundo bombardeada en tiempos de paz, por sus propias Fuerzas Armadas. La locura terminó con la huida de los terroristas al Uruguay, donde el gobierno colorado presidido por Luis Batlle Berres los asiló como defensores de la libertad. Como si la historia se empeñara maliciosamente en repetirse, los mismos facciosos que se unieron para frustrar el proyecto de unidad confederada de José Artigas se aliaron nuevamente para derrocar al gobierno popular de Juan Domingo Perón. 


El argumento sostenido entonces por los subversivos al justificar la masacre homicida, de que su objetivo era la eliminación del jefe del Estado, no resistía la más mínima confrontación con la verdad. Durante sus tres gobiernos y con la sola excepción del acto del 12 de octubre de 1973, en el que habló protegido por un vidrio blindado, Perón mantuvo un constante y directo contacto con su pueblo. Un solo francotirador podría haber terminado con su vida, sin necesidad de, además de fracasar, llevar fríamente adelante una de las peores matanzas de inocentes de la historia argentina.

De este horroroso atentado se conocen, desde su macabra ejecución, los nombres de sus autores directos y sus inspiradores intelectuales. Las cruces pintadas sobre la V de la victoria en el fuselaje de los aviones ponían en evidencia la complicidad de importantes sectores de la Iglesia y la acción organizada de civiles armados, la participación activa de partidos y organizaciones opositoras. Pese a todo, al igual que en el caso de la AMIA, la impunidad pudo más que la Justicia reparadora y en aquel caso el terror efectivamente volvió por sus siniestros fueros, a partir de la instalación, luego de la muerte de Perón, del terrorismo de Estado.


Fue el día más sangriento de la historia argentina contemporánea: el destello mortal de una crisis política y económica que estallaba descarnadamente, pero que se incubaba desde lejos, por lo menos en sus aristas más trágicas desde abril de 1955. Perón había decidido, a pesar de la crisis económica, mantener a raja tabla el porcentaje más alto de distribución del ingreso en toda la historia latinoamericana: hacia mediados de 1955, la participación de los trabajadores en el PBI era cercana al 53 por ciento. Pero en el Estado circulaba una pertinaz corrupción, un poder cada vez mayor de la CGT que presionaba sobre los empresarios y el Estado, una persecución fiera a la oposición. En el frente militar, Perón lograba hacia abril de 1955 mantener la hegemonía, no sin fracturas en Ejército y Aeronáutica pero el 90 por ciento de la Marina era católica y antiperonista. 

La preparación del golpe cívico-militar se puso en marcha ese abril por el creciente enfrentamiento de Perón con la Iglesia. Las razones de fondo eran económicas, pero las de superficie fueron políticas: Perón era un tirano y no era posible derrocarlo en las urnas. El peronismo hizo votar una avanzada ley de divorcio, El 14 de abril se suspendió en todas las escuelas la enseñanza obligatoria de religión y moral. El 20 de mayo se suprimió por ley la exención de impuestos a los templos y organizaciones religiosas y se llamó a una Constituyente para separar a la Iglesia del Estado. Los católicos de todo el país se pusieron en pie de guerra. Y los militares y civiles opositores, también. 

La iglesia identificó crecientemente al régimen con una dictadura "inmoral" contra el que predicó desde todos los púlpitos y prohijó en declaraciones y hechos a los golpistas. Socialistas, demoprogresistas y Radicales del Pueblo vieron con agrado las medidas anticlericales -y votaron a favor de las que llegaron a legislarse

El momento de acelerar el golpe ocurrió luego de la manifestación de Corpus Christi que puso en la calle a unos 200 mil católicos opositores al gobierno. La manifestación fue prohibida por el ministro del Interior Angel Borlenghi. Esto enfureció más a los católicos. El gobierno detectó la conspiración esa semana. Creyó ver en dos religiosos como monseñor Manuel Tato y Ramón Novoa los vínculos entre militares y civiles golpistas, que a esas alturas eran muy numerosos. Borlenghi decidió su arresto y expulsión a Roma. Los líderes de la rebelión supieron que el 16 serían detenidos igualmente. Deciden, entonces, que bajo el pretexto de un "desagravio a la bandera" una flota de aviones sobrevuele la Catedral metropolitana. Era la señal para el ataque contra Plaza de Mayo. Toranzo da la orden sin saber que llegaba una comunicación de Roma: Perón había sido excomulgado por el Vaticano. Pío XII, que se había negado tozudamente a excomulgar a Mussolini incluso después de su caída, lo hizo con Perón en solo tres días


Del expediente 26.237/55, causa "Aníbal Olivieri y otros sobre rebelión militar" archivada en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas - 33 cuerpos y unas 6000 fojas- se desprende la siguiente historia: La conspiración que terminará con los bombardeos en Plaza de Mayo comenzó a principios de 1955, pero recrudeció en abril de ese año. El capitán de Aeronáutica Julio César Cáceres en su testimonio (fojas 842) admitirá que el capitán de Fragata Francisco Manrique era el encargado de reclutar para la rebelión entre los marinos. Que se reunían en una quinta en Bella Vista, propiedad de un tal Laramuglia, no sólo Manrique, sino también Antonio Rivolta del Estado Mayor General Naval; el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, jefe del Estado Mayor de la Infantería de Marina y los jefes de la aviación naval en la base de Punta Indio, los capitanes de fragata Néstor Noriega y Jorge Bassi, así como el jefe del Batallón de Infantería de Marina B4 de Dársena Norte, capitán de navío Juan Carlos Argerich. El jefe de los marinos sería Toranzo Calderón. Los civiles, por su parte, sabían que sin contacto con el Ejército cualquier sublevación fracasaría. Uno de los líderes del nacionalismo católico, Luis María de Pablo Pardo, un hombre pequeño y miope, según las crónicas del momento, fue el enlace de Calderón con el comandante del III Cuerpo con sede en Paraná, el general León Bengoa, que está "con el movimiento". Pardo también hace de enlace con los capitanes de la Base de Morón de la Fuerza Aérea y el comandante de Aviación Agustín de la Vega. 

Según la causa, al tanto de la rebelión estaban el ministro de Marina, contraalmirante Aníbal Olivieri, el vicealmirante Benjamín Gargiulo, y los tenientes primero de navío Emilio Eduardo Massera, secretario de Olivieri, y sus ayudantes Horacio Mayorga y Oscar Antonio Montes, entre otros. También, los generales Pedro Eugenio Aramburu y Bengoa. Desde los civiles, con Pardo conspiraban en un mismo bando radicales como Miguel Angel Zabala Ortiz, conservadores que respondían a Adolfo Vicchi, y socialistas de Américo Ghioldi, entre otros. ¿Cuál era el plan de la sublevación si lograban matar a Perón y alzarse con el poder? Según el testimonio del aviador Cáceres: "Se planeaba armar una junta de gobierno en manos militares, con ministros civiles como Vicchi y Ghioldi y Zabala Ortiz. Y que luego de consolidado el país se llamaría a elecciones". Un plan que se repetiría en cada golpe militar del siglo. 

Peron firmó el decreto 9407: el Consejo Supremo de las Fuezas Armadas, presidido por el general de división Juan Eriberto Molinuevo debía juzgar y procesar a 150 militares. 

A las 23 del mismo 16 de junio se reunió el Consejo Supremo. El tribunal comenzó a sesionar el 17. Olivieri nombró al vicealmirante Isaac Rojas como defensor. Toranzo Calderón, al contraalmirante Teodoro Hartung. Ese mismo día fueron indagados Eduardo Massera, Mayorga y Montes (fojas 142 a 174). Al día siguiente, Toranzo Calderón y Olivieri. Entre los testimonios más significativos se encuentran también los de los leales Brunet, Sosa Molina y Valle. El testimonio de Massera, un oficial de 29 años, revela quizá mejor que ninguno la mendacidad de los conjurados. Massera se transformó en la pieza clave de enlace con la ESMA, para el asalto de la infantería de marina de Dársena Norte a cargo de Argerich sobre la Casa de Gobierno. El tribunal no le creerá una palabra. 

El testimonio de Toranzo Calderón fue del mismo tono (fojas 339 a 357). Admitió sin embargo su responsabilidad parcialmente. "Pensé que estaba defendiendo la libertad de mi patria donde había muchos comprometidos", dijo. Pero se negó a dar nombres. Y culpó del bombardeo a Plaza de Mayo a Gargiulo. Pero Gargiulo ya estaba muerto, como le informó Rojas a Calderón en medio del interrogatorio, para que culpara a un muerto. El jefe del EMGM se había suicidado esa madrugada en su oficina del edificio Libertador, donde permanecía detenido e incomunicado como los otros jefes de la rebelión. La declaración de Olivieri es, tal vez, la más profunda y comprometida porque expresa la mentalidad de la rebelión. Explicó por qué había dejado de ser peronista: "Me hice peronista cuando creí ver que ese movimiento se construía sobre las bases de Dios, Patria y Hogar pero se desvirtuó". Luego dijo: "Mi lealtad al presidente fue superada por un estado de ánimo de lealtad a mi patria, a mi bandera, a mi Dios". En agosto fueron condenados a destitución e inhabilitación y prisión los cabecillas de la rebelión. Ningún civil fue condenado. El golpe contra Perón en setiembre de 1955 modificó esos destinos. El vicealmirante Rojas, el defensor de Olivieri, desde la Flota de Mar amenazó con bombardear el puerto de Buenos Aires si Perón no renunciaba. La Revolución Libertadora dio a Hartung el cargo de Ministro de Marina hasta 1958. Aramburu fue el Presidente desde noviembre de 1955. Toranzo Calderón, embajador en España; Olivieri, ante la ONU. Vicchi, embajador en EE.UU. Montes fue Canciller de Videla. Massera, su jefe y uno de los miembros principales de la dictadura militar de 1976.