En los primeros años del siglo XX fue evidente en los conflictos internos de la Rep. Dominicana la participación del capital extranjero que se iba haciendo preponderante en la economía. Los inversionistas incentivaban, promovían o mediaban en las luchas buscando beneficiarse de la situación de crisis política que se vivía. Unas veces exigían a los gobernantes y los grupos paz para la reproducción de sus capitales y otras la promulgación de leyes y decretos que favorecieran la producción y la obtención de mayores beneficios para sus empresas.
El mecanismo de dominación más peligroso para la existencia del Estado dominicano, fue la Convención Dominico-americana de 1907. Esta Convención consolidó el control de los norteamericanos sobre la sociedad dominicana, quedando el país bajo un virtual protectorado.
El gobierno de los Estados Unidos presionó al dominicano para reducir el ejército dominicano y para que este colocara las finanzas del país en manos de un representante americano, como forma de garantizar el pago de los empréstitos contraídos. En 1915 presionaron para obtener el control de las finanzas y el establecimiento de una guardia civil organizada y dirigida por oficiales norteamericanos.
La negativa de quien ejercía la presidencia en 1915, el caudillo Juan Isidro Jimenes, provocó, en el marco de un conflicto con sectores militares de su propio gobierno, la presión para la renuncia de este, dando paso a su sustitución por la de Francisco Henríquez y Carvajal. La salida de Jimenes agravó la crisis. El Receptor de Aduanas comunicó al presidente Henríquez y Carvajal, la decisión de Washington de no entregar más recursos económicos, como establecía la Convención de 1907, hasta tanto no se llegara a un acuerdo sobre la interpretación del artículo tercero de la referida convención. Entonces se le exigió al gobierno:
- El establecimiento de un Consejero Financiero.
- El control de todos los ingresos y egresos, incluyendo los contemplados en la Convención de 1907.
- La completa supresión del ejército y de la guardia republicana.
- La creación de una policía comandada por oficiales americanos.
- La reducción del presupuesto nacional, y
- La revisión de los impuestos que tendían a afectar a los capitalistas extranjeros.
Los Estados Unidos, al comprobar la negativa del presidente Henríquez y Carvajal a cumplir las referidas exigencias, decidió ejecutar los planes diseñados para solucionar, de acuerdo a sus intereses, la prolongada crisis que vivía República Dominicana: la ocupación militar del país y la imposición de un Gobierno Militar
En 1916 comienza el desembarco de marinos norteamericanos. El 16 de mayo tomaron Santo Domingo, y a finales de julio los principales puestos militares del país estaban en sus manos. El 29 de noviembre de 1916 el Capitán H. S. Knapp publicó la proclama oficial de la ocupación.
A fin de sustituir a las antiguas fuerzas armadas agrupadas en la Marina de Guerra y en la Guardia Republicana, los interventores instauraron en 1917 la Guardia Nacional, organismo de represión cuya finalidad era combatir de manera eficiente cualquier intento de sedición. Los dominicanos que integraron sus filas eran casi todos de extracción humilde o desempleados, y fueron entrenados según los reglamentos de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, de la que terminaron convirtiéndose en una especie de prolongación. Es de este “cuerpo del orden”, luego nombrado Policía Nacional y convertido posteriormente en Ejército Nacional, de donde emergería la figura del dictador Rafael Leonidas Trujillo.
Es importante hacer notar que las inversiones realizadas por el gobierno de ocupación se sustentaron, de una parte, en los fondos de las aduanas que le correspondían al Gobierno dominicano y que habían sido retenidos por las autoridades estadounidenses como mecanismo de presión; y, de otra, en nuevos préstamos autorizados por el Departamento de Estado bajo el escudo de la Convención de 1907. De esta manera, para 1922, la deuda de la República Dominicana ascendía a casi 15,000,000 de dólares.
Los líderes políticos y hombres de negocio dominicanos manifestaron su desacuerdo, alegando que un gobierno extranjero no tenía derecho a endeudar al país.
La crisis económica desencadenada en 1921 provocada por la caída estrepitosa de los precios de los productos dominicanos en el mercado internacional, las campañas a escala nacional e internacional en contra de la intervención, y la elección de un nuevo presidente norteamericano favorable a la salida de las tropas de ocupación, propiciaron la celebración de este acuerdo que sentó las bases para la vuelta a la vida independiente de la República Dominicana. Se llamó así en virtud de los nombres de los negociadores: Francisco J. Peynado, por la parte dominicana, y el secretario de Estado Charles Evans Hughes, por los Estado Unidos. El mismo estipulaba:
- Instalación de un Gobierno Provisional electo por los principales líderes políticos dominicanos y el Arzobispo de Santo Domingo.
- Preparación y organización de elecciones por parte del mencionado Gobierno Provisional.
- Reconocimiento de los actos legales del gobierno militar que hubiesen creado derecho a favor de terceros.
- Reconocimiento de la validez de las emisiones de bonos de los empréstitos contratados durante los años de ocupación.
- Reconocimiento de las tarifas aduaneras establecidas por el gobierno militar en 1919 y que favorecían a más de 945 productos estadounidenses.
- Vigencia de la Convención Domínico-Americana de 1907 hasta que la República Dominicana terminara de pagar su deuda externa, quedando por tanto los norteamericanos en control de las aduanas y con el derecho de autorizar o no cualquier futuro endeudamiento público del país.
Juan Bautista Vicini Burgos asumió como presidente provisional en el mes de octubre de 1922, y las elecciones constitucionales fueron celebradas el 15 de marzo de 1924, resultando electo el candidato Horacio Vásquez por el Partido Nacional. En agosto de ese mismo año concluyó la evacuación del ejército de ocupación.
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