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jueves, 23 de abril de 2015

Sobre la guerra en Yugoslavia - 1999

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) afirmó que el ataque a la sede de la televisión estatal serbia efectuado por la OTAN durante los bombardeos de 1999 supuso un "terrible precedente" que "abrió la puerta" al ataque a los medios de comunicación en las situaciones de conflicto e hizo que la profesión de periodista se haya hecho "más peligrosa que nunca".

En un comunicado emitido en 2009 con motivo del 10 aniversario del ataque, la organización recordó que las fuerzas de la OTAN ignoraron entonces las advertencias de los periodistas y de las organizaciones de Derechos Humanos y bombardearon la sede de la televisión serbia en Belgrado, causando la muerte de 16 trabajadores del ente, aunque la cadena volvió a emitir desde una localización secreta unas 24 horas después del ataque. Hoy en día, en honor a las 16 víctimas mortales, frente al edificio están plantados 16 árboles.  La OTAN tuvo bien claro que el escenario de los medios y de la opinión pública es un frente de guerra tanto o más importante como puede serlo el teatro de operaciones reales sobre el terreno. El entonces portavoz del Pentágono, Kenneth Bacon,lo dejó bastante claro:
"La televisión serbia forma parte de la máquina de matar de Milosevic igual que los militares".
Edificio de la RTS luego del ataque
Sólo unos pocos días del ataque, la FIP recibió garantías de la OTAN de que no se atacaría a los medios de comunicación durante los bombardeos. La organización y otros defensores de la libertad de prensa advirtieron por entonces de que un ataque de este tipo supondría una violación del Derecho Internacional incluso en los casos en que los medios estuviesen, efectivamente, haciendo propaganda. "Los ataques contra los medios sólo están permitidos cuando éstos están activamente implicados en el proceso estratégico de guerra", manifestó la FIP.

Pese a ello, "el ataque de la OTAN siguió adelante". "Los que murieron habían sido obligados a permanecer en sus puestos a pesar de las alertas de ataque, lo que hace sospechar que hubieran sido puestos deliberadamente en peligro por los directivos de la RTS", indicó la FIP.

"Tras el ataque", prosiguió, "otros ataques contra los medios, en especial los efectuados por el Ejército israelí en Líbano en 2006 y en la Franja de Gaza a principios de este año, han sido justificados por la acción de la OTAN".

En su comunicado, la FIP se compromete a apoyar a los periodistas serbios "en su esfuerzo por conseguir que se haga justicia con sus compañeros que murieron durante el ataque", así como a ayudar a "superar el legado de las políticas de confrontación que desde hace tanto tiempo han socavado la profesión

Nadie ha respondido nunca (ni lo hará) por el bombardeo estadounidense a la radio-televisión serbia, que mató a 16 periodistas y técnicos. Tampoco responderá nadie por los bombardeos con bombas de fragmentación del mercado de Nis, que masacró a civiles inocentes.Durante estos 16 años nadie ha asumido responsabilidad ninguna por la utilización de armas de uranio empobrecido o por los bombardeos a las plantas petroquímicas y que provocaron el vertido masivo de productos tóxicos al Danubio. No habrá condena por el ataque deliberado a un tren civil de pasajeros, o por el bombardeo de la embajada china en Belgrado.

Y es que durante la bautizada Operación Fuerza Aliada, que duró 78 días entre el 24 de marzo y el 10 de junio de 1999, la OTAN lanzó un total de 2.300 misiles contra 990 objetivos y 14.000 bombas sobre el territorio de Yugoslavia. Sólo en la capital, Belgrado, cayeron 212 bombas dejando más de 2.000 civiles muertos, 88 niños entre ellos y más de 6.000 heridos dejaron como rastro estos dos meses y medio de ataques aéreos incesantes.

El 12 de abril de 1999 la OTAN bombardeó un tren de pasajeros que pasaba por un puente en las cercanías de la ciudad de Niš. El día 7 de mayo de 1999, fue bombardeado todo el centro de Niš, por el espacio entero entre los dos puentes sobre el río Nišava, el mercado y la estación de autobuses; murieron 15 personas, y al menos 70 fueron heridas.
El 2 de mayo de 1999, la OTAN lanzo bombas de grafito sobre las instalaciones eléctricas en Niš, Kragujevac y Novi Sad. Al día siguiente, 3 de mayo, fue atacada la Central Hidroeléctrica de Bajna Bašta, y el 7 de mayo, otra vez Obrenovac y Belgrado. En total, durante el mes de mayo, ocho veces “cortaron la luz a Serbia”. También bombardearon las centrales térmicas y estaciones de bombeo. Las instalaciones de producción de agua potable en Sremska Mitrovica fueron bombardeadas los días 22 y 23 de mayo. A finales de la guerra, solamente una tercera parte de belgradenses tenía agua de grifo y las reservas de agua potable disminuyeron a una décima parte de la necesaria. 

Los bombardeos de la OTAN afectaron cerca de 40.000 casas residenciales, más de 300 escuelas y más de 20 hospitales, entre otros el hospital capitalino Dr. Dragiša Mišović–Dedinje, en un ataque donde murieron 10 personas, afectando a la sección infantil y a la de maternidad con severos daños.

Fueron bombardeados los puentes, tanto los de carretera como ferroviarios; 37 de ellos fueron destruidos o dañados. Las bombas fueron lanzadas por todas partes sin importar mucho las víctimas entre la población. Así fueron alcanzadas 7.643 casas, 300 colegios, 53 hospitales y 50 iglesias y monumentos. La situación se volvió aún más difícil debido a las consecuencias derivadas de la grave contaminación provocada cuando la OTAN bombardeó el complejo químico de Pancevo, violando la legislación de guerra.


Muchos analistas han coincidido en señalar que el largo proceso de desmembramiento de la República de Yugoslavia, fue una de las primeras guerras de la globalización. Yugoslavia era un extraño obstáculo, tras la desaparición de la URSS y el bloque socialista, para la expansión del capitalismo neoliberal en la conquista de nuevas fronteras. Se trataba de liquidar el sistema económico, fuera de la ortodoxia  neoliberal y demasiado de izquierda de Yugoslavia: un sector público fuerte, importantes derechos sociales, relativa resistencia a las multinacionales etc.

Ya a finales de 1989, el FMI había impuesto unas condiciones durísimas a Yugoslavia, cuyo primer ministro liberal, Markovic, había recurrido al FMI (o sea, a EE.UU) como salvavidas económico. Lo único que consiguió dicha ayuda fue la quiebra y el cierre de las grandes empresas estatales. El Banco Mundial desmanteló el sistema bancario, despidió a 525.000 trabajadores en un año y, después, reclamó la supresión de dos de cada tres empleos. Evidentemente, el nivel de vida desciende dramáticamente y es uno de los motivos que conducirán al proceso de desmembramiento de la República Federal.

El 4 de agosto de 1996, el "Washington Post" exponía en su editorial la verdadera razón y, quizás, la explicación más directa y eficaz de las distintas guerras contra Yugoslavia:
"Milosevic no ha logrado comprender el mensaje político de la caída del Muro de Berlín. Otros políticos comunistas han aceptado el modelo occidental, pero Milosevic ha ido en la otra dirección."
Esa desintegración de la República Federal de Yugoslavia a comienzos de los años 90 provocó, entre otras, la proclamación unilateral de la República de Kosovo por los insurgentes en 1991. Para hacer frente a las intenciones independentistas de los albano-kosovares, las autoridades de Belgrado recurrieron a la fuerza, a la vez que pusieron término al estatuto de autonomía del que gozaba Kosovo desde 1974 dentro de la República Federal de Yugoslavia. Desde 1996 se produce una escalada y se intensifican las operaciones militares.

Es entonces, a partir de 1997, cuando Occidente, a través de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), trata de forzar a las autoridades yugoslavas para conceder a Kosovo una autonomía casi total. Dado el fracaso de las negociaciones, el 31 de marzo de 1998, EE.UU, Francia y Reino Unido impulsan en el Consejo de Seguridad la resolución 1160, por la que apoyaba el otorgamiento a Kosovo de una “verdadera autonomía administrativa”, a la vez que afirmaba su apoyo a la soberanía y a la integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia.

No fue suficiente. Se acusa a Yugoslavia del uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, ocasionando numerosas víctimas y una gran cantidad de refugiados; el Consejo de Seguridad aprobó, el 23 de septiembre de 1998, la resolución 1199, en la cual afirmaba que el deterioro de la situación en Kosovo constituía una amenaza a la paz y la seguridad de la región. Mediante esta resolución se exigía la reanudación de las negociaciones y el retorno sin condiciones de los refugiados, así como el retiro de Kosovo de las fuerzas de seguridad de la República Federal de Yugoslavia.

Sin embargo, la negativa de Yugoslavia a aplicar las disposiciones de estas dos resoluciones y la incapacidad del Consejo de Seguridad para tomar medidas punitivas, debido a la oposición de la Federación de Rusia y de China, condujeron a la OTAN a lanzar, el 13 de octubre de 1998, un ultimátum a Yugoslavia para que se plegara a las exigencias del Consejo de Seguridad.

Yugoslavia aceptó firmar dos acuerdos: el primero, el 16 de octubre de 1998, con la OSCE, mediante el cual se creaba una misión de verificación encargada de asegurar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad; el segundo, concertado un día antes con la OTAN, que la autorizaba a conformar una misión aérea de verificación del retiro de Kosovo de las unidades de seguridad yugoslavas.

Los ataques del UCK (Ejército de Liberación de Kosovo) y las respuestas serbias continuaron y tuvieron su punto culminante con el ataque conjunto de la policía serbia y el ejército yugoslavo al pueblo de Racak donde murieron 45 albaneses. El incidente fue considerado como una masacre en Occidente y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convirtiéndose en la base de uno de los cargos por crímenes de guerra contra Milosevic y sus altos oficiales. Según fuentes serbias los albaneses murieron en combate. Sin embargo, el Tribunal Criminal Internacional para la Antigua Yugoslavia documentó varios casos de asesinatos en Racak (el juicio a Milosevic no pudo concluir debido a la muerte de éste el 11 de marzo de 2006).

Combatientes del UCK
El 30 de enero de 1999, la OTAN decidió introducir en Kosovo una fuerza de interposición. En su anuncio decía además:
  • La OTAN informa estar preparada para lanzar ataques aéreos a objetivos yugoslavos con el fin de forzar un arreglo político del conflicto. Claramente se anunciaban bombardeos si el gobierno de Milosevic no llegaba a un acuerdo de paz con el UCK, pero también estaba la amenaza velada al UCK de dejarlos solos de no llegar a un acuerdo.
  • El Grupo de Contacto formado propuso una serie de principios no negociables, que incluían el regreso al estatuto de autonomía de Kosovo anterior a 1990 y la introducción de instituciones democráticas transparentes con supervisión internacional. Igualmente se convocó a una conferencia de paz que se celebró en el Castillo de Rambouillet, en las afueras de París.
La conferencia de Rambouillet tuvo lugar entre febrero y marzo de 1999. En el informe final, las partes se comprometían en los puntos siguientes:
  • Crear un estatuto de autonomía para Kosovo que incluyera elecciones libres y transparentes, protección a los derechos humanos y un régimen judicial independiente.
  • Las reglas para la presencia internacional en la región serían fijadas en una conferencia inmediatamente posterior a la primera.
  • El establecimiento de un cese al fuego, evitando las partes provocar y responder a provocaciones que pudieran poner en peligro el acuerdo obtenido.

Para empezar, Rusia se negaría en cualquier forma a aprobar la parte militar (anexo B) de aquel documento, que aun a pesar de llamarse anexo, incluía los puntos más delicados y controvertidos. En esa parte del documento, que los serbios debían aceptar sin condiciones, radicaba la trampa, ya que el verdadero objetivo de las conversaciones de Rambouillet no era abrir la posibilidad de negociaciones directas entre las partes interesadas sino más bien crear un pretexto para justificar la agresión 

Zivadin Jovanovic, el ministro yugoslavo de Relaciones Exteriores de aquel entonces, declaró el 6 de febrero de 2013, en entrevista concedida al diario de Belgrado Politika, que "en Rambouillet no hubo ni intento de alcanzar un acuerdo, ni negociaciones, ni acuerdo".

La delegación yugoslava fue invitada a Rambouillet para que participara en las negociaciones con la delegación albanesa de Kosovo y se encontró ante un ultimátum de la OTAN equivalente a una rendición  incondicional; y aunque la delegación yugoslava solicitó repetidamente el inicio de negociaciones directas entre las delegaciones de Yugoslavia y de Kosovo, eso nunca sucedió. El ex ministro Zivadin Jovanovic también recordaba como el enviado estadounidense Christopher Hill exigió a la delegación yugoslava que se limitara a firmar el texto que él mismo había elaborado y puesto encima de la mesa, "según el principio “Take it or leave it” (“Lo toman o lo dejan”)".

Observemos el famoso "anexo B" y su contenido, que Serbia debía aceptar o atenerse a las consecuencias:
  • El personal de la OTAN tendrá, al igual que sus vehículos, navíos, aviones y equipamiento, paso libre y sin restricciones así como acceso total en toda la RFY, incluyendo el espacio aéreo, las aguas territoriales asociadas y todas las instalaciones.
  • Se dispensará al personal de la OTAN, en toda circunstancia y en todo momento, de la jurisdicción de las Partes con respecto a toda violación civil, administrativa, criminal o disciplinaria que pudiese cometer en la RFY.
  • El personal militar de la OTAN tendrá normalmente que portar uniforme, podrá poseer y portar un arma.
  • Las Partes deberán, en respuesta a un simple pedido, conceder todos los servicios de telecomunicaciones, incluyendo los servicios de difusión, necesarios para la Operación, tal y como se definen por parte de la OTAN. Esto incluirá el derecho a utilizar los medios y servicios necesarios para garantizar una capacidad total de comunicación y el derecho a utilizar con ese fin el espectro electromagnético de forma gratuita.
  • Se autoriza a la OTAN a detener individuos y a entregarlos, tan rápidamente como sea posible, a las autoridades interesadas.
Serbia no aceptó.

Finalmente, el 24 de marzo de 1999, la OTAN comenzó su ofensiva contra Yugoslavia, sin haber obtenido previamente la autorización del Consejo de Seguridad.

Al finalizar la guerra de 1999, la resolución 1244 del Consejo de Seguridad afirmaba que reconocía la integridad del territorio serbio, incluyendo Kosovo, que disponía de una amplia autonomía. La flagrante violación de esa resolución, con el reconocimiento de la independencia de Kosovo el 17 de febrero de 2008 redujo a polvo, una vez más, el derecho internacional

Con la construcción en Kosovo de la base militar Camp Bondsteel –la mayor de Europa– Estados Unidos puso en práctica la corrección del "rumbo estratégico" en los Balcanes.Esta base es capaz de albergar hasta 7 000 soldados, equipada para vigilar todo el territorio balcánico e incluso el Mar Negro y Turquía. En términos más claros, Kosovo es un verdadero anexo del territorio estadounidense en Europa.


SOBRE LA GUERRA EN YUGOSLAVIA, Noam Chomsky - 1999

Juzguemos a EE UU por sus hechos, y no por sus palabras

Antes del inicio de los bombardeos actuales ya se había producido una catástrofe humana en Kosovo, totalmente achacable a las fuerzas militares yugoslavas. Las principales víctimas fueron los albanokosovares. En casos semejantes, los observadores externos disponen de tres posibilidades de actuación: 1. Contribuir a la escalada del desastre. 2. No hacer nada. 3. Intentar mitigar la catástrofe.
La amenaza de los bombardeos de la OTAN provocó un agudo incremento de las atrocidades cometidas por el ejército y los paramilitares serbios y la salida de los observadores internacionales, que causó el mismo efecto. El comandante supremo de la OTAN, general Wesley Clark, declaró que era “totalmente previsible” que el terror y la violencia de los serbios se intensificara después de los bombardeos. Por consiguiente, Kosovo es otro ejemplo del caso 1: Contribuir a la escalada de la violencia, exactamente con esa perspectiva. Encontrar ejemplos que ilustren la opción número 3 es muy fácil, por lo menos si hacemos caso de la retórica oficial. El gran estudio sobre las “intervenciones humanitarias” realizado recientemente por Sean Murphy examina las acciones llevadas a cabo desde el pacto Kellog-Briand de 1928, que declaró ilegal la guerra, y desde la Carta de las Naciones Unidas, que fortaleció y articuló las mismas disposiciones. En el primer periodo -escribe-, los ejemplos más destacados de “intervención humanitaria” fueron el ataque de Japón a Manchuria, la invasión de Etiopía por parte de Mussolini y la ocupación de zonas de Checoslovaquia por parte de Hitler. Todos ellos fueron acompañados de elevada retórica humanitaria. Japón iba a construir un “paraíso terrenal” mientras defendía a los habitantes de Manchuria de los “bandidos chinos”, con el respaldo de un importante nacionalista chino, una figura mucho más creíble que cualquiera de las que Estados Unidos fue capaz de utilizar durante su ataque contra Vietnam del Sur. Mussolini estaba liberando a miles de esclavos mientras realizaba la “misión civilizadora” de Occidente. Hitler anunció la intención alemana de aliviar las tensiones étnicas y la violencia, además de “salvaguardar la individualidad nacional de los pueblos alemán y checo”. El Presidente de Eslovaquia pidió a Hitler que convirtiera a su país en un protectorado.

Otro ejercicio intelectual bastante útil es comparar esas justificaciones obscenas con las que se han ofrecido para cualquier intervención, incluidas las “intervenciones humanitarias”, desde la aprobación de la Carta de la ONU. En este periodo, el ejemplo más llamativo de la opción número 3 fue quizá la invasión de Camboya por parte de los vietnamitas en diciembre de 1978, para terminar con las atrocidades de Pol Pot. Vietnam alegó el derecho de defensa propia contra una agresión armada, uno de los pocos casos -después de la aprobación de la Carta de la ONU- en los que dicha alegación era plausible: el régimen de los jemeres rojos llevaba a cabo incursiones asesinas en las zonas fronterizas. La prensa estadounidense condenó a la “Prusia” asiática (Vietnam) por esta indignante violación del derecho internacional. Se le castigó duramente por el crimen de haber acabado con las carnicerías de Pol Pot, primero mediante una invasión china en el norte de Vietnam (con el apoyo norteamericano) y luego con la imposición de severísimas sanciones por parte de EE UU. Este país reconoció al expulsado Gobierno de Kampuchea Democrática como representante oficial de Camboya por su “continuidad” con el régimen de Pol Pot, según explicó el Departamento de Estado. El Gobierno norteamericano, sin demasiada sutileza, apoyó a los jemeres rojos en sus constantes ataques contra Camboya.

A pesar de los esfuerzos desesperados de los ideólogos para demostrar la cuadratura del círculo, no cabe duda de que los bombardeos de la OTAN están terminando de destruir lo que queda de la frágil estructura del derecho internacional. Estados Unidos lo dejó muy claro en los debates previos a la decisión de la Alianza. Aparte del Reino Unido (en la actualidad, tan independiente como podía serlo Ucrania en los años anteriores a Gorbachov), los países de la OTAN se sentían escépticos ante la política estadounidense. Hoy, cuanto más nos aproximamos a la zona del conflicto, mayor es la oposición a la insistencia de Washington en el uso de la fuerza, incluso entre los propios países miembros (Grecia e Italia). Francia pidió una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para que autorizara el despliegue de las fuerzas pacificadoras de la OTAN. Estados Unidos se negó e insistió en “la posición de que la OTAN debe ser capaz de actuar independientemente de la ONU”, según funcionarios del Departamento de Estado. Estados Unidos se negó a permitir que apareciera, en la declaración definitiva de la Alianza, la palabra crucial “autoriza“, porque estaba poco dispuesto a conceder autoridad a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional; sólo se permitió la palabra “refrendo” (información de Jane Perlez en The New York Times, 11 de febrero).

Los bombardeos contra Irak también fueron una manifestación de bravuconería y desprecio hacia la ONU, empezando por el momento en el que se hicieron, y así lo entendió todo el mundo. Y lo mismo ocurrió con la destrucción de la mitad de la producción farmacéutica de un pobre país africano (Sudán) unos meses antes.

Fue durante el mandato de Ronald Reagan en Estados Unidos cuando el desafío a las leyes internacionales y la Carta de las Naciones Unidas comenzó a manifestarse abiertamente. Las máximas autoridades explicaban con una claridad brutal que el Tribunal Internacional, la ONU y otros organismos habían perdido importancia porque ya no seguían las órdenes de Estados Unidos, como habían hecho en los primeros años de la postguerra. Con Clinton, el desafío al orden mundial ha alcanzado tal dimensión que empieza a preocupar incluso a los analistas políticos más próximos a la línea dura. En el último número de Foreign Affairs, la principal publicación del establishment, Samuel Huntington advierte que, a ojos de gran parte del mundo (probablemente la mayor parte), Estados Unidos “se está convirtiendo en una superpotencia que no respeta la ley”, “la principal amenaza externa contra sus sociedades”. Una “teoría de las relaciones internacionales” realista prevé, a su juicio, que es posible que surjan coaliciones dispuestas a contrarrestar esa superpotencia. Por consiguiente, hay motivos pragmáticos para que EE UU reconsidere su actitud actual. Los estadounidenses a los que les gustaría que su país tenga otra imagen podrían pedir esa reconsideración por otros motivos no tan pragmáticos.

¿Cómo responde todo esto a la pregunta de qué hacer en Kosovo? No responde. Estados Unidos ha elegido un camino que, como las propias autoridades reconocen, intensifica las atrocidades y la violencia (“previsiblemente”, como dijo Clark) y asesta un nuevo golpe al orden internacional, que, por lo menos, ofrece a los débiles cierto grado limitado de protección ante los Estados depredadores. A largo plazo, las consecuencias son impredecibles.

Un argumento habitual es que teníamos que hacer algo, que no podíamos permanecer inactivos mientras las atrocidades proseguían. Eso no es nunca cierto. Siempre existe la opción de seguir el principio hipocrático: “Lo primero, no hacer daño”. Si no hay forma de seguir ese principio elemental, es mejor no hacer nada. Hay otras formas posibles. La diplomacia y las negociaciones nunca se agotan.

Es muy posible que, en el futuro, se invoque con mucha más frecuencia el derecho a la “intervención humanitaria” -a veces con justificación, a veces sin ella-, ahora que los pretextos de la guerra fría han perdido su eficacia. De modo que quizá valga la pena prestar atención a un comentarista tan respetado como Louis Henkin, profesor emérito de derecho internacional en la Universidad de Columbia. En una obra clásica sobre el orden mundial, escribe que “las presiones que debilitan la prohibición del uso de la fuerza son deplorables, y los argumentos para legitimizar dicho uso en esas circunstancias son poco convincentes y peligrosos… Las violaciones de los derechos humanos son demasiado habituales y, si fuera permisible remediarlas mediante la utilización de la fuerza, no habría ley capaz de prohibir el uso de la fuerza por parte de prácticamente cualquier Estado contra cualquier otro. Creo que será preciso defender los derechos humanos y remediar otras injusticias por otros medios que sean pacíficos, no abriendo las puertas a la agresión y destruyendo el principal avance del derecho internacional, que es la ilegalidad de la guerra y la prohibición de la fuerza”.

Estos principios no resuelven de forma automática los problemas. Hay que examinar cada situación en su propia entidad. Cualquiera que no se guíe por las normas de conducta de Saddam Hussein está obligado a ofrecer razones muy sólidas para justificar la violación de los principios del orden internacional que representan las amenazas o el uso de la fuerza.

Es posible que esas razones existan, pero hay que demostrarlas, y no limitarse a proclamarlas con una retórica apasionada. Hace falta valorar con sumo cuidado las consecuencias de una violación de este tipo; especialmente, las que nos parecen “previsibles”.

Avram Noam Chomsky (Filadelfia, Estados Unidos, 7 de diciembre de 1928) es un lingüista, filósofo y activista estadounidense. Es profesor emérito de Lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Es, asimismo, reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos. Se ha definido políticamente a sí mismo como un anarquista o socialista libertario. Ha sido señalado por el New York Times como "el más importante de los pensadores contemporáneos".






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