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| Manuel Noriega |
El general Manuel Antonio Noriega (Panamá, 11 de febrero de 1934 - 29 de mayo de 2017) fue el producto de una junta militar liderada por el General Omar Torrijos que derrocó al gobierno panameño en 1968. Noriega había sido una pieza clave para que Torrijos pudiera sobrevivir a su propio golpe en 1969. Tal lealtad fue recompensada y, finalmente, él llegó a la comandancia de las fuerzas militares de Panamá en 1983.
Poco tiempo después de asumir el mando, influyó en forma ilegal en las elecciones nacionales de 1984, con la intención de reforzar la influencia militar sobre el gobierno panameño. Fue el "ingeniero" de la elección del Presidente Nicolás Barletta, candidato de las fuerzas armadas y considerado personalmente leal a Noriega y entregado a su causa. Algunos observadores creen que Estados Unidos hizo caso omiso del fraude electoral porque permitía el arribo al poder de un gobierno que era favorable a los intereses norteamericanos.
Si bien Panamá tenía un gobierno democráticamente electo, el poder real quedaba en manos de los militares y Noriega estaba a cargo.
El gobierno de los Estados Unidos hacía tiempo que consideraba a Noriega un personaje nefasto entre cuyos excesos se contaban el tráfico de drogas, el lavado de dinero y asesinatos. Aun así, EE.UU. ignoraba sus delitos a fin de asegurar los intereses nacionales que se consideraban más vitales que oficiar de policía ante las prácticas corruptas en Panamá.. Varias agencias de los EE.UU., la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) y posteriormente la Agencia de Control de Drogas (DEA), habían utilizado a Noriega para proteger los intereses estadounidenses.
EE.UU. comenzó a tener serios problemas con Noriega en 1985, cuando un respetado oponente político, el Dr. Hugo Spadafora, fue brutalmente torturado y asesinado por la Fuerza de Defensa de Panamá (FDP). Spadafora había hecho extensas y bien fundadas acusaciones sobre la participación de Noriega en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales, que habían atraído importante atención internacional.
La mayoría de los panameños conocían y tenían en alta estima a Spadafora. Cuando se descubrió su asesinato cundió la ira. Cuando el reclamo popular llegó a niveles que no podían ignorarse, Barletta debió ordenar a Noriega renunciar como Comandante de la Fuerza de Defensa de Panamá mientras se investigaba el crimen. Noriega respondió forzando a Barletta a renunciar, reprimiendo todo intento de investigar o hacer público el crimen y llevando a la presidencia a un títere más confiable.
El asesinato de una figura popular opositora a Noriega y la deposición de un presidente electo recibieron, por primera vez en EE.UU., una extensa cobertura periodística. Los medios comenzaron a retratar a Noriega como un dictador corrupto que enviaba drogas a Estados Unidos, protegía a los líderes de los carteles, apoyaba a los terroristas, lavaba dinero ilegal proveniente del tráfico de estupefacientes y reprimía brutalmente la democracia en su país.
El New York Times publicó una serie de artículos de investigación en los que se revelaban sus extendidas conexiones con los traficantes y con la CIA. Estas acusaciones pegaron en la conciencia norteamericana que estaba comenzando a darse cuenta de su creciente y serio problema de drogas. Las revelaciones del New York Times provocaron mayor cobertura por parte de otras agencias de noticias, lo que comenzó a elevar el sentimiento anti-Noriega entre el público norteamericano.
El Congreso de los EE.UU. comenzó a interesarse en la cuestión de Panamá a mediados de 1987 cuando las audiencias por la cuestión Irán-Contras revelaron detalles de actividades ilícitas de los EE.UU. en Panamá. Los representantes se enteraron de que miembros del Consejo Nacional de Seguridad (el Almirante Poindexter y el Teniente Coronel North) habían utilizado a Noriega para evadir las restricciones que el Congreso había impuesto en 1983 a la ayuda a los Contras de Nicaragua. Se había utilizado a Noriega para que el Gobierno comprara y entregara armas a los contras utilizando las ganancias de la droga mediante diferentes esquemas, incluido el transporte y venta de cocaína desde Panamá a los EE.UU.
Estas revelaciones y la continuada cobertura negativa en los medios sobre el propio Noriega obligaron a revisar la política de los EE.UU. en Panamá y llevaron al Senado a promulgar una resolución que exigía a Noriega y sus asesores más importantes a abandonar el poder inmediatamente. Noriega reaccionó con enojo y acusó a los EE.UU. de interferir en los asuntos internos de Panamá e instigó ataques populares a las instalaciones de los EE.UU. y a la misma embajada de los EE.UU. Además, acentuó su represión de las manifestaciones del pueblo y suspendió la libertad de prensa.
Estados Unidos respondió con la suspensión de toda ayuda militar a Panamá y cercenó todos los contactos entre los militares estadounidenses y las FDP. Lo más significativo fue que la CIA cortó todos sus lazos con Noriega interrumpiendo de ese modo una relación que se había prolongado por 20 años.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto (CJCS), Almirante William Crowe, se oponía fuertemente a Abrams y Schultz en el uso de la fuerza militar en Panamá y tenía muy buenas razones para hacerlo:
- Si se implementaban las acciones desde las bases ubicadas en Panamá para derrocar el régimen imperante, se pondrían en riesgo los derechos de los EE.UU. de mantener bases en otros países, con cuyos anfitriones EE.UU. mantenía cuestiones sensibles;
- Había 50.000 estadounidenses viviendo en suelo panameño y todos estarían en riesgo si EE.UU. lanzaba acciones militares;
- El uso de la fuerza militar contra Panamá reforzaría la percepción de abuso del poder "Yanqui" en un momento en que las ideologías comunistas estaban logrando establecer bases en la región.
El Gobierno de Reagan se mantuvo dividido durante todo 1988 sobre la cuestión de adoptar o no la opción militar para resolver el problema panameño.
Todo deseo de Washington para implementar alguna medida contundente en contra de Noriega se vio atemperado por las elecciones presidenciales de 1988. La administración Republicana necesitaba correr una cortina sobre el problema de Panamá, para que no se convirtiera en un tema de campaña que los Demócratas pudieran utilizar en contra del Vice-Presidente Bush.
Aunque se había descartado la opción militar, el Presidente Reagan reconocía que algo había que hacer con Noriega. Por lo tanto, se autorizaron sanciones económicas en contra de Panamá que era altamente sensible a la presión económica de los EE.UU. ya que su economía estaba fuertemente ligada a la de los EE.UU. y utilizaba el dólar norteamericano como moneda. Como no pudo lograr apoyo para emprender acciones militares, el Departamento de Estado abogó por invocar la Ley de Poderes Económicos para Emergencias (IEEPA) para aislar a Panamá.
Bloqueando la transferencia de fondos hacia y desde el país, EE.UU. podía negarle a Noriega el dinero que él necesitaba para pagar a los militares y los empleados públicos, que representaban los últimos vestigios de su poder. Sin ese apoyo, se teorizaba, los mismos panameños obligaría a Noriega a abandonar el poder.
La administración estaba totalmente dividida respecto de si las sanciones económicas debían ser muy severas. El Secretario del Tesoro, James Baker, se oponía abiertamente a las sanciones económicas contra Panamá. Se sostenía que era como "utilizar una bomba atómica para matar una mosca." Su posición estaba influida además por la preocupación por los numerosos bancos y empresas norteamericanas que operaban en Panamá y que podrían verse afectados por las sanciones.
Hasta el Secretario de Estado Schultz tenía sus dudas respecto de la eficacia de las sanciones económicas, en vista de que Noriega y sus acólitos obtenían la mayor parte de su dinero en forma ilegal y no dependían de la economía local. El Secretario de Defensa Carlucci sostenía que la IEEPA sólo serviría para galvanizar la resolución de Noriega de mantenerse en el poder. Esta posición era compartida por el General Powell y el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Howard Baker, y ambos proponían acciones menos drásticas.
A pesar de todas las reservas, el Presidente Reagan siguió adelante con las sanciones aunque permitió que se cambiara el plan. Las sanciones se demoraron por los problemas prácticos que la burocracia encontraba para implementar las sanciones económicas a Panamá en forma completa. En primer lugar, estaba la cuestión de cómo se haría para que los varios miles de empleados norteamericanos y panameños del Canal de Panamá recibieran su paga. Dejar de pagarles implicaría el riesgo de que el canal se cerrara. Además, había oficinas e instalaciones norteamericanas (la embajada y el SOUTHCOM, por ejemplo) que debían pagar las facturas de servicios o cerrarse. Y finalmente, como temía Baker, muchas empresas y bancos norteamericanos comenzaron una campaña para obtener excepciones que los protegieran de las grandes pérdidas que sufrirían, si se aplicaban las sanciones en forma total.
Al final, las sanciones se demoraron más de dos meses y nunca se aplicaron en forma completa debido a que la burocracia no dejaba de lidiar con los numeroso pedidos de excepción. El resultado fue que las sanciones terminaron teniendo un efecto mucho menor que el que pudieron haber tenido.
Al acercarse el final del período Reagan, se determinó que Estados Unidos tenía que esperar que la solución para Panamá se presentara como un levantamiento popular como el que había sacado a Marcos del poder en Filipinas, o un golpe de estado. Algunos abrigaban la esperanza de que fueran las elecciones de 1989 en Panamá las que sacaran a Noriega del poder.
La Coalición para la Liberación Nacional (Partido Revolucionario Democrático, y otros partidos políticos pro-gobierno) y la Alianza Democrática de Oposición Civilista (ADOC: Partido Demócrata Cristiano, MOLIRENA, Partido Liberal, Partido Panameñista, opositores), participan en las elecciones de 1989. La ADOC postula al Lic. Guillermo Endara a Presidente, al Dr. Ricardo Arias Calderón para Primer Vicepresidente y el Sr. Guillermo Ford para Segundo Vicepresidente.
El 7 de mayo de 1989 se realizan las elecciones y sin emitir resultados oficiales el gobierno decide anular el resultado electoral. Esto es el inicio en una gran crisis institucional en el país que finaliza con la invasión armada por los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989.
Fueron cuatro los motivos, con los que Bush justificó la actuación: proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá, específicamente en la Zona del Canal; respaldar el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, sobre la protección de la vía interoceánica; defender la democracia y los derechos humanos y detener a Noriega para enfrentar delitos por tráfico de drogas.
Los 26 mil soldados del ejército norteamericano se impusieron ante las Fuerzas de Defensa panameña, que sumaban apenas 12 mil efectivos y una minúscula fuerza aérea. No hubo ninguna declaración de guerra y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de Estados Americanos (OEA). La resistencia popular obligó a la prolongación de las operaciones militares, que fueron particularmente sangrientas.
La operación “Causa Justa” se inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989, y tuvo como preámbulo un bombardeo masivo con bombas de 1000 y 2000 libras. La aguja del sismógrafo del instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, registró la explosión de la primera bomba a las 12 horas, 46 minutos y 40,3 segundos. Trece horas estuvo funcionando el sismógrafo desde el inicio de la agresión hasta que, debido a la violencia de ésta, se hubo averiado. En todo ese tiempo, sólo en la capital panameña, llegaron a caer 422 bombas, lo que equivale a una por cada dos minutos.
Esta ofensiva comprendió el ataque de 27 objetivos al mismo tiempo en el país, incluyendo la base militar de Rio Hato a 75 kilómetros de la capital y a Colón, a una hora de distancia en bus de la ciudad de Panamá. El objetivo no era otro que el de anular la posible respuesta del ejército panameño; luego llegaría la invasión por parte de unos 26,000 soldados de infantería. El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el Aeropuerto de Punta Paitilla, el Cuartel Central, en el barrio de El Chorrillo, el Cuartel de Tinajitas, el Cuartel de Panamá Viejo, el Cuartel de Los Pumas, la base militar de Río Hato (donde funcionaba el instituto militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense) o la Base Naval de Coco Solo. EE.UU utilizó un armamento de última generación, como los aviones Stealth F-117 o los helicópteros Apache, contra un ejército muy poco equipado. A pesar de la alta tecnología del armamento norteamericano, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares.
Noriega estuvo escondido durante unos días en la casa de su amante Vicky Amado, hasta que se trasladó a la Nunciatura Apostólica de Panamá el 24 de diciembre, amparado por el Nuncio Sebastián Laboa, quien aparentemente consiguió convencer al general de que se entregara junto con el jefe de su escolta o guardaespaldas.
En la casa de Noriega había 8.2 millones de dólares en bolsas del Banco Nacional de Panamá junto a su cartera, pasaporte y tarjetas de crédito, según Rene de la Cova (agente de la DEA). Es de notar, sin embargo, un evento interesante que rodea a la captura de Noriega. Al enterarse que Noriega estaba amparado en la Nunciatura de Panamá, los militares estadounidenses rodearon el edificio e impidieron la salida o entrada de cualquier persona. Al percatarse de que Noriega no iba a salir voluntariamente, los militares estadounidenses realizaron una táctica de guerra psicológica: tocaron Heavy metal a través de unos altavoces inmensos que rodeaban a la nunciatura sin interrupciones por tres días, hasta que el Nuncio logró convencer a Noriega para que se entregara a las fuerzas estadounidenses que rodeaban el edificio.
El 3 de enero de 1990, Noriega se entregó al ejército estadounidense; al día siguiente subió a un avión procedente de Miami, donde al llegar fue recluido en el condado de Miami-Dade en espera de juicio. Fue condenado a 40 años de prisión como prisionero de guerra, luego de salir absuelto en sendos juicios por presunta participación en el ingreso a EE. UU. de cocaína y marihuana, y luego se le redujo la condena a 30 años.
Llama la atención que el sistema judicial estadounidense autorizó que se descongelaran 6 millones de dólares de la fortuna atribuida a Noriega, a fin de que pudiese sufragar los gastos de la defensa encabezada por el abogado Frank Rubino, cuando es inexplicable que pudiera poseer lícitamente esa cantidad.
En los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las tropas norteamericanas, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo, aumentando las pérdidas materiales.
Según fuentes oficiales, en los enfrentamientos murieron 23 soldados estadounidenses. Las bajas panameñas, militares y civiles, no fueron concretadas. Se habló de varios cientos o varios miles de muertos según la fuente. Algunas fuentes estiman en más de 3,000 los muertos como consecuencia de los bombardeos de El Chorrillo, y que aproximadamente 20 mil personas perdieron sus hogares y nunca fueron compensadas. Las víctimas de esta ofensiva fueron denominadas por el Gobierno estadounidense como "daños colaterales" para evitar que la opinión pública del país se volviera en su contra. Además, durante la invasión, el barrio de El Chorrillo fue casi destruido en su totalidad. Edificios públicos, escuelas, aeropuertos, viviendas, etc., sufrieron daños. Los saqueos aumentaron las pérdidas económicas que se unían a la situación de crisis que ya sufría el país. El congreso norteamericano no compensó a Panamá por los daños causados, en contra de lo prometido.
Para finalizar, Guillermo Endara, ganador de las elecciones anuladas de mayo 1989, prestó juramento en una base militar estadounidense en la Zona del Canal como presidente en un país con presencia temporal de tropas de ocupación.
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