El 19 de abril de 1810 se formó en Caracas una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Los miembros del cabildo dela ciudad rechazaron la pretendida autoridad de la Regencia por considerarla ilegítima, y decidieron tomar el control del poder en nombre del rey. Alegaron su Derecho de establecer, tal como se había hecho en España, la formación de un gobierno provisional mientras que se erigía otro sobre bases legítimas que gobernaran todas las provincias del reino. La medida del cabildo partía de la necesidad de mantener el orden interno y de defender los intereses de la provincia, que en gran medida eran los suyos. El cabildo estaba compuesto por los criollos de Caracas, conocidos como mantuanos, que en su mayoría eran poderosos terratenientes, dueños de la mano de obra esclava y del comercio. La soberanía del pueblo recaía en ellos por un derecho proveniente de sus ancestros, representados en los primeros conquistadores del nuevo mundo. El poder soberano le pertenecía a los criollos por el derecho de conquista, un principio que les otorgó visibilidad política y relevancia social por más de 300 años.
En las esquinas, en las plazas y en las reuniones de la ciudad circulaban rumores, comentarios y especulaciones de todo tipo, producto de las noticias que entre 1808 y 1810 informaban de los terribles sucesos en España. El estado de alarma generó un ambiente de desconfianza y sospecha entre los habitantes pues la crisis en la península, además de afectar la legitimidad de las autoridades, propiciaba todo tipo de conspiraciones civiles y alzamientos militares. El miedo de una posible invasión de las potencias europeas, como la encabezada por Francisco de Miranda en 1806, que trató, bajo la bandera inglesa, de ocupar y levantar la provincia en dos oportunidades; así como la revuelta que en 1797 promovió Manuel Gual y José María España, en nombre de ideas provenientes de la revolución francesa, pusieron en evidencia el grado de amenaza en que se encontraba la Capitanía General.
 |
| Francisco deMiranda |
Pero la angustia real de los criollos radicaba en el hecho de que se desencadenara una revuelta de esclavos, tal como había ocurrido años antes en la isla francesa de Santo Domingo, Haití, donde los negros mataron a todos los blancos criollos, en una verdadera carnicería que provocó la destrucción total de la isla. El miedo de los criollos venezolanos estaba bien fundamentado, pues estaban conscientes que más del 80 por ciento de la población de la provincia de Caracas era de piel oscura, lo que aumentaba el peligro de un estallido social. El grado de incertidumbre y, por supuesto, el manifiesto deseo de autogobernarse, animó a los criollos a conspirar en contra de las autoridades coloniales que, ante las amenazas internas y externas, tomaron medidas radicales para mantener el orden. Las confabulaciones por parte de los mantuanos fueron frecuentes y, en casos, lograron comprometer a militares y a altos representantes del poder monárquico.
El 19 de en abril de 1810 los criollos concretaron la conjura final que sería la definitiva. El cabildo de Caracas apresó al Capitán General Vicente Emparan y sustituyó a los principales funcionarios de la administración colonial por representantes locales afines a sus intereses. Este desplazamiento de autoridades se realizó sin violencia, en forma pacífica y en algunos casos el enroque se logró de manera amistosa. Los criollos en ningún momento asomaron la posibilidad de declarar la independencia de España, por el contrario, actuaron en su nombre, bajo el juramento de lealtad al rey caído, Fernando VII. El programa criollo no contemplaba la transformación del orden colonial, sino tan solo sustituir unas autoridades por otras. Era un cambio en el esquema político que pretendía consolidar el orden social y las estructuras productivas de la monarquía.
Ante la necesidad de establecer referentes de autoridad soberanas, con la legitimidad necesaria para mantener el orden interno, todos los cabildos provinciales, regionales y locales asumieron el control directo del poder. La formación de juntas iniciada en Caracas se expandió rápidamente y, al igual que en España y en América, en cada capital de provincia y de región se estableció una junta de gobierno en defensa del rey Fernando VII. El mismo 19 de abril se constituyeron juntas en el Hatillo y en La Guaira, seguidas por las de Maiquetía, Macuto, Valencia, Puerto Cabello, Cumaná, Barcelona, Cariaco, Carúpano, Rió Caribe, Margarita, Barinas, Punta de Piedra (Guiria), Guayana, Mérida, Trujillo, La Grita, Bailadores, San Antonio del Táchira y San Cristóbal.
La cohesionada Capitanía General quedó dividida en tantos núcleos como grupos de poder existían. Sin embargo, era indispensable conformar un poder centralizado encargado de coordinar las Acciones de defensa, garantizar el control interno y establecer relaciones con las potencias internacionales, sin cuyo apoyo la aventura criolla corría peligro. Inmediatamente el cabildo de Caracas mandó emisarios a las distintas provincias para imponer su liderazgo. También envió representantes a Curazao, Nueva Granada, Estados Unidos e Inglaterra, con la finalidad de ganarse la aceptación internacional. Además, la junta remitió una comunicación a los cabildos de todas las capitales de América, que informaba su decisión y los animaba a que actuaran de la misma manera.
La pretensión de los criollos caraqueños descansaba en el predominio económico y demográfico que desde las primeras décadas del siglo XVIII alcanzó la ciudad. Además, Caracas era la sede de la Capitanía General desde 1777 y de los organismos encargados del manejo y administración de la política, de la justicia y de la economía colonial, lo que la convirtió el en punto de unión de toda Venezuela. Sin embargo, a partir del 19 de abril de 1810, la preeminencia de la capital fue desconocida por algunas provincias que se declararon fieles a la monarquía, por considerar que la junta recién establecida era ilegal e ilegítima. Entre las provincias de Venezuela, Coro, Maracaibo y Guayana reconocieron la autoridad de la Regencia y se opusieron abiertamente al gobierno capitalino.
El desencuentro entre las provincias era producto de disputas que desde el siglo XVIII dividieron a los centros regionales. Cada ciudad ejercía su influencia sobre una zona determinada, lo que generaba disputas a la hora de definir el control político, económico y comercial de la región. La profunda crisis de la monarquía incrementó las contradicciones entre las regiones, y al momento de formar sus juntas los miembros de los cabildos de las distintas ciudades se sintieron con el derecho, la autoridad y la fortaleza suficiente para exigir individualmente mayor autonomía, libertad e independencia del control ejercido desde los centros de poder regional. Esto provocó un estado de confusión y de desorden que impulsó al gobierno caraqueño a tomar medidas de fuerza para controlar la situación, y organizaron al ejército para atacar a las provincias opuestas a sus propósitos. Con estas acciones se inició la larga y desastrosa serie de choques militares que sumergió por más de 10 años al país en un enfrentamiento civil, librado en nombre de la independencia, la autonomía y la libertad.
La Junta de Caracas, a pesar de no contar con el apoyo y el acuerdo de importantes regiones, se autonombró como poder central y comenzó a mandar como gobierno autónomo. Entre las primeras medidas implementadas organizó el comercio, eliminó impuestos, reguló aranceles aduaneros y premió con una medalla grabada con el rostro de Fernando VII, a los militares que cooperaron el 19 de abril. Creó la Academia Militar de Matemáticas y la Sociedad Patriótica para la Agricultura y el Comercio, que pronto se convirtió en sede de los grupos radicales y extremistas que abogaban por la ruptura absoluta con España. La Junta de Caracas eliminó la trata y el Comercio de esclavos, pero mantuvo intacta la esclavitud, una medida que revelaba las Intenciones de los criollos y que generaría graves consecuencias en la conservación del orden interno. En procura por conseguir el apoyo de Gran Bretaña la Junta envió al viejo continente una comisión encabezada por Luís López Méndez, Andrés Bello y Simón Bolívar, como portavoces de sus intereses. Esta comisión no logró persuadir a los británicos quienes mantuvieron una actitud ambigua frente al recién formado gobierno de Caracas. No obstante, los comisionados lograron contactar a Francisco de Miranda y lo convencieron para que regresara a Venezuela, esta vez no en calidad de invasor sino como promotor activo de los intereses de la junta, que muy pronto se inclinó por la independencia total de España. Por su parte, el gobierno de la península desconoció al de Caracas y tomó medidas para controlar lo que calificaron como una insurrección. Para ello encargaron a Antonio Cortabarría, ministro del Consejo Supremo de España e Indias, la tarea de organizar tropas y bloquear los puertos de la provincia alzada. Así mismo, nombró al gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares, como Capitán General de la Provincia en recompensa por su fidelidad a las autoridades españolas y por las acciones militares que emprendió contra algunas ciudades insurrectas. Esta situación fortaleció las reacciones a favor de la monarquía que agravaron la inestabilidad entre las provincias, y restó popularidad al gobierno de la capital. No obstante la junta de Caracas convocó un Congreso Nacional compuesto por diputados y representantes regionales afines a su causa, cuya tarea sería organizar el nuevo orden político que le daría legitimidad al Estado.
La instalación del Congreso se llevó a cabo el 2 de marzo de 1811 en la casa del Conde San Javier (hoy esquina de El Conde) en Caracas, integrado por cuarenta y cuatro diputados que representaban a las provincias de Caracas, Barinas, Barcelona, Cumaná, Margarita, Mérida y Trujillo. con asistencia de la Junta Suprema. Acto seguido se eligió un Presidente provisional del Congreso y pasaron, precedidos por los miembros de la Junta a la catedral de Caracas, donde el arzobispo Narciso Coll y Pratt ofició la misa y después del evangelio los diputados prestaron juramento, bajo estos términos: "¿Juráis a Dios por los Santos Evangelios que vais a tocar, y prometéis a la Patria conservar y defender sus derechos y los del Señor Don Fernando VII, sin la menor relación o influjo con la Francia; independientes de toda forma de gobierno de la península de España; y sin otra representación que la que reside en el Congreso General de Venezuela; oponeros a toda dominación que pretendiera ejercer soberanía en estos países, o impedir su absoluta y legítima independencia cuando la Confederación de sus Provincias la juzgue conveniente...?". Dicho juramento expresa tres aspectos que son importante destacar. El primero, es el rechazo por parte de la iglesia a la influencia de la Revolución Francesa en el proceso independentista venezolano (y en toda Hispanoamérica) dado su marcado carácter anticlerical. Segundo, la mención a la forma federativa (Confederación) de la Constitución Política, lo cual formará parte del intenso debate centralismo-federalismo que se llevará a cabo durante el Congreso, y que dominará todo el siglo XIX. Tercero, la declaración de la Independencia absoluta de Venezuela, la cual además había que proteger no sólo de España sino de las demás potencias europeas. La primera medida que tomó el Congreso fue nombrar a tres notables ciudadanos: Juan Escalona, Baltasar Padrón y Cristóbal Mendoza, como encargados del Poder Ejecutivo. De esta manera se estableció el primer gobierno criollo del país. En paralelo, entre algunos sectores cobró mucha fuerza la idea de romper todo vínculo de unión con la monarquía, debido, entre otros factores, a la influencia de Francisco de Miranda quien se convirtió en el líder del sector más radical concentrado en la Sociedad Patriótica. Un grupo de estos criollos acusaba a los españoles europeos de conquistadores y tiranos, y los incriminaba de haber mantenido subyugada y oprimida por más de tres siglos a las provincias de Venezuela. La animadversión hacia los peninsulares y la idea de independizarse de ellos, aumentó en la medida en que España perdía su propia guerra de independencia.
La ocupación de España por Napoleón Bonaparte parecía inevitable, lo que debilitó el poder de la monarquía y despejó el camino para la emancipación de Venezuela. Además la captura del rey y su posterior renuncia al trono, sumado a la sucesión de traiciones y conspiraciones ocurridas en el palacio, fulminó el pacto que por tres siglos mantuvo cohesionada la monarquía.
Los criollos pensaron que era el momento de romper con el vínculo colonial, y establecer un sistema de gobierno fundamentado en mayores libertades económicas y derechos ciudadanos. El cambio político estuvo inspirado en la revolución francesa y en la independencia de los Estados Unidos de Norte América, alcanzada treinta y cuatro años antes. Estos dos paradigmáticos hechos evidenciaban, por una parte, la viabilidad del sistema republicano y, por otra, la posibilidad real de ponerle fin a la monarquía absoluta. Los criollos independentistas siguieron la experiencia norteamericana, pues querían instalar en Venezuela un gobierno semejante, basado en la organización federal y en los valores liberales como los principios más convenientes para conformar el nuevo modelo político del país. Sin embargo los criollos no formaban una clase homogénea sino que estaban profundamente divididos. La gran mayoría no quería una ruptura definitiva con España, ni mucho menos realizar grandes transformaciones sociales, sino simplemente buscaban un reacomodo que les otorgara mayor libertad económica y relevancia en la toma de decisiones políticas. Deseaban mantener sus privilegios de clase sin modificar el orden existente. Este sector temía que la inestabilidad aumentara y que el desorden se transformara en un conflicto social que diera lugar a una guerra de exterminio incontrolable. Además, si se desataba un conflicto armado contra España, corrían el riesgo de perder su poder, sus bienes y sus fortunas. Por tanto, muchos criollos defendieron con furia la causa realista, pues si sucumbía el gobierno de la monarquía la desobediencia daría paso a la temida anarquía.
En 1811 la guerra civil ya era un hecho inevitable, debido a una serie de insurrecciones que se iniciaron en Cumaná y continuaron en Maturín, Guayana, Los Teques y Valencia. Los partidarios de la independencia se dieron cuenta que no podían alcanzar ningún acuerdo posible con los defensores de la monarquía. Temían a sus posibles represalias y venganzas en caso que se restableciera el orden colonial. Esto los obligó a definir el conflicto, es decir, intentar polarizarlo en bandos favorables u opuestos a la independencia. Un debate que, en última instancia, se decidió en el campo de batalla, en un conflicto que destruyó al país y enfrentó a los venezolanos en una feroz guerra de exterminio.
A medida que se fueron desarrollando las sesiones del Congreso, la idea de la Independencia fue ganando adeptos en el seno del mismo. Muchos diputados la apoyaron con apasionados alegatos, otros con argumentos históricos. Entre los diputados que se oponían a la ruptura definitiva con la corona española, se encontraba el sacerdote de La Grita, Manuel Vicente Maya, quien pronto se vio abrumado por los discursos de Fernando Peñalver, Juan Germán Roscio, Francisco de Miranda, Francisco Javier Yanez y muchos más, favorables a la idea de la Independencia absoluta. Mientras tanto, los ánimos de los jóvenes radicales se caldeaban en las reuniones de la Sociedad Patriótica, hasta llegar el momento en que Simón Bolívar lanzó—ante las dudas sobre la Independencia—su famosa pregunta: "¿Trescientos años de calma, no bastan?".
 |
| Acta de la Independencia |
En la mañana del 5 de julio continúo el debate en el Congreso, y a comienzos de la tarde se procede a la votación; hecho el recuento de los votos, el presidente del Congreso Juan Antonio Rodríguez Domínguez, anunció solemnemente a las tres de la tarde, que quedaba proclamada la Independencia absoluta de Venezuela. Luego de la proclamación se vivieron momentos de intensa emoción. Una manifestación espontánea, a la cabeza de la cual figuraba Francisco de Miranda, acompañado por miembros de la Sociedad Patriótica y del pueblo, recorrió las calles de la ciudad, ondeando banderas y gritando consignas acerca de la libertad. En la misma tarde del 5 de julio el Congreso celebró otra sesión, en la que se acordó redactar un documento, cuya elaboración fue encomendada al diputado Juan Germán Roscio y al secretario del Congreso, Francisco Isnardi. En este documento debían aparecer los motivos y causas que produjeron la Declaración de la Independencia, para que sometido a la revisión del Congreso, sirviese de Acta y pasara al Poder Ejecutivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario