El 10 de junio de 1971, centenares de estudiantes fueron atacados a tiros por paramilitares en la calzada México-Tacuba para evitar que se movilizaran en demanda de la liberación de presos políticos, la derogación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y para exigir la desaparición de los grupos porriles en escuelas de educación media y superior, entre otras cosas. Fue la primera gran movilización estudiantil luego de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Era el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez y en la regencia del Distrito Federal estaba Alfonso Martínez Domínguez.
La manifestación inició alrededor de las cinco de la tarde en las inmediaciones de la estación Normal del metro. Sin embargo, a unos cuantos minutos estalló una granada y después aparecieron grupos armados, tanques antimotines, camiones de bomberos y patrullas, además de francotiradores, produciéndose un enfrentamiento, el cual duró aproximadamente dos horas. Al anochecer, 120 cuerpos de estudiantes fueron encontrados, además de algunos lesionados.
Los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y pistolas, con lo que desataron un tiroteo contra los estudiantes, algunas versiones aseguran que incluso llegaron hasta el hospital Rubén Leñero para dar el tiro de gracia contra algunos universitarios y politécnicos heridos.
Esa misma noche, elementos del ejército resguardaron el Palacio Nacional y el entonces presidente Luis Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables. Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad, y Julio Sánchez Vargas, procurador general, negaron que hubiera Halcones y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros. La policía detuvo a más de 150 personas, la mayoría de ellas supuestos agresores de los estudiantes, pero ninguno fue consignado "debido a que no hubo quien presentara la denuncia correspondiente", indican los documentos
Esa misma noche, elementos del ejército resguardaron el Palacio Nacional y el entonces presidente Luis Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables. Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad, y Julio Sánchez Vargas, procurador general, negaron que hubiera Halcones y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros. La policía detuvo a más de 150 personas, la mayoría de ellas supuestos agresores de los estudiantes, pero ninguno fue consignado "debido a que no hubo quien presentara la denuncia correspondiente", indican los documentos
Días después de la matanza ocurrida el 10 de junio de 1971 en la ciudad de México, el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, compareció ante la Procuraduría General de la República (PGR) para declarar en torno a lo que se conoció como “el halconazo” o Jueves de Corpus, y afirmó que “como cualquier ciudadano, por medio de la prensa supo de la existencia de personas a quienes la imaginación popular los ha denominado halcones, pero en caso de existir, no tenían nada que ver con la oficina a su cargo”; sin embargo, el militar era nada menos que el jefe máximo de ese grupo desde 1966.
El coronel Manuel Díaz Escobar fue enviado en 1966 por el entonces secretario de gobernación Luis Echeverría, al Departamento del Distrito Federal en donde creó el grupo paramilitar Los Halcones que era pagado por el gobierno y encabezado por el regente capitalino, Alfonso Martínez Domínguez. Su labor era reprimir cualquier manifestación de todo movimiento que criticara al gobierno.
El ex regente, quien falleció en noviembre de 2002, negó tener conocimiento de la existencia de los Halcones, pero el 23 de junio de 1971, la Dirección Federal de Seguridad detuvo a un ex halcón y logró obtener además de 50 credenciales de estudiantes presuntamente atacados por integrantes de ese grupo, dos tarjetas en las que Díaz Escobar habría retransmitido las órdenes de Martínez Domínguez.
Según las constancias documentales de este tema que hoy existen en el Archivo General de la Nación, desde el 23 de junio de 1971 la PGR, a cargo Julio Sánchez Vargas, supo por un reporte de la Dirección Federal de Seguridad que Díaz Escobar, “El Maestro”, era el jefe de los halcones, pero nunca actuó en su contra.
El 18 de junio de 1971, personal de la PGR acudió a la Subdirección de Servicios Generales “A” del Departamento del Distrito Federal (DDF), a fin de tomar declaración ministerial al coronel Manuel Díaz Escobar, titular de esa área.
En su declaración, desde el inicio del proceso el militar negó “terminantemente la existencia de algún cuerpo o grupo con propósitos o finalidades como las que motivan esta diligencia” (la matanza del 10 de junio). Además, en la declaración consta lo siguiente:
“Para los efectos de la averiguación, desea agregar (Díaz Escobar) que aproximadamente por el mes de julio de 1970, por instrucciones de la persona que era el jefe del DDF en esa época, el general Alfonso Corona del Rosal, se creó un personal de vigilancia para el cuidado y mantenimiento de instalaciones especiales, como el Metro que se iba a inaugurar, numerosas bombas de agua, plantas de tratamiento de aguas negras (...) Que al cambio de la administración pasada, con fecha primero de diciembre de 1970, este personal causó baja, porque estas funciones pasaron a la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal. (…) Que si alguna persona de la dirección a su cargo, con posterioridad a la manifestación, concurrió a esa zona, se debió a que en forma sistemática y como es costumbre, después de que ocurre cualquier acto en que necesariamente se genera basura y se ensucia la ciudad, el personal de la oficina de limpia tiene la obligación de limpiar totalmente el área”.
Sin embargo, el cuerpo especial de vigilancia, conocido como Halcones, fue creado en 1966, por mandato de Corona del Rosal y siguió actuando durante la gestión de Alfonso Martínez Domínguez.
El 22 de junio, el entonces procurador general de la República Julio Sánchez Vargas ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó:
“del Departamento del Distrito Federal, las pruebas que he recogido, las declaraciones que me han sido aportadas, el 30 de noviembre del año pasado (1971), dejó de prestar sus servicios en el departamento el personal eventual que se encargaba de la vigilancia de edificios e instalaciones en el DDF. No tengo ningún elemento de prueba de que posteriormente a esa fecha, oficialmente ese grupo haya prestado servicios en el Departamento y después del 10 de junio el grupo o grupos a que hace mención (halcones) han desaparecido, o cuando menos han dejado de actuar”.
Tenía razón Sánchez Vargas, al paso de los días y de manera concreta el 14 de enero de 1972, la Dirección Federal de Seguridad tomó declaración a un halcón, quien narró que Díaz Escobar era el jefe máximo del grupo; que había seleccionado a los 40 mandos para ser capacitados en Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Japón, todos ellos ex militares y específicamente ex integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, grupo de donde surgió el general José Hernández Toledo, mando militar el 2 de octubre en Tlatelolco, y también Manuel Díaz Escobar, El Zorro Plateado o El Maestro.
Asimismo, que los “pilares” de los halcones eran militares provenientes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, como Víctor Manuel Flores Reyes, Rafael Delgado Reyes, Sergio San Martín Arrieta, Mario Efraín Ponce Sibaja y Candelario Madera Paz. Todos se convirtieron en instructores del grupo y posteriormente en delincuentes, que al no tener ingresos comenzaron a robar, ya que su último pago lo recibieron el 11 de junio, día en que su jefe les ordenó desmantelar todos los campos de entrenamiento y desaparecer del Distrito Federal.
Varios de los Halcones, como algunos de los mencionados anteriormente, fueron detenidos tras robar algún banco o comercio, y relataron, entre 1972 y 1975, su participación en el grupo, en la matanza del 10 de junio y cómo las órdenes provenían desde los más altos mandos del Departamento del Distrito Federal por conducto de Díaz Escobar, y que éste había llegado a ese cargo por orden de Luis Echeverría, desde que fungía como secretario de Gobernación.
El juicio relativo al Jueves de Corpus concluyó formalmente el 26 de julio de 2005, luego que la magistrada del quinto tribunal unitario con sede en la ciudad de México, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, negara las órdenes de aprehensión solicitadas en contra del ex presidente Luis Echeverría y el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, por el delito de genocidio. Sin embargo, desde 1985, según esta magistrada, habían prescrito los delitos que en su consideración se cometieron: homicidios y lesiones.
Líderes: Algunos de los principales mandos de Los Halcones surgieron de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército, entre ellos, Víctor Manuel Flores Reyes, Rafael Delgado Reyes, Sergio San Martín Arrieta, Mario Efraín Ponce Sibaja y Candelario Madera Paz, los cuales entrenaban sus hombres en los llanos de las colonias San Juan de Aragón y Cuchilla del Tesoro, en la delegación Gustavo A. Madero.
La justicia nunca llegó: El regente Alfonso Martínez Domínguez, renunció; el jefe de la policía, el general Daniel Gutiérrez Santos, fue sustituido por el coronel Rogelio Flores Curiel; el coronel Manuel Díaz Escobar, cobró salarios hasta febrero de 1973 en el Departamento del Distrito Federal. Desintegró Los Halcones y semanas más tarde fue enviado como agregado militar a Chile, nación en la cual en el mes de septiembre, su amigo el general Augusto Pinochet encabezaría el golpe militar contra el presidente Salvador Allende, describe Gustavo Castillo en el diario La Jornada. La ahora inexistente, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femossp), abrió una investigación contra Echeverría por el delito de genocidio. Sin embargo, la justicia desestimó el cargo y eximió al expresidente, funcionarios y jefes militares implicados en la causa.
En septiembre de 2005, integrantes del Comité 68 presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington, argumentando impunidad para investigar el caso en México. La queja incluyó una extensa documentación del caso contra Echeverría y Moya, copia de los fallos judiciales, un video, recortes periodísticos y otros materiales para que la CIDH pueda reconstruir los hechos y revisar la respuesta judicial y gubernamental a esos sucesos, pero no prosperó.
Episodios que conmocionaron México como la matanza de Tlatelolco en 1968 y la de Corpus Christi en 1971 son recordados en el Museo de la "Memoria Indómita", que ha abierto sus puertas en el corazón de la capital mexicana para exigir justicia por los cientos de desaparecidos políticos. El Museo de la Memoria Indómita es el homenaje a los desaparecidos políticos mexicanos cuya lucha social y política fue frenada desde 1968 y hasta 1980, periodo denominado como la guerra sucia.
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