En la tarde del 10 de diciembre de 1981, en el transcurso de una acción antiguerrillera denominada "Operación Rescate", unidades del Batallón Atlacatl, unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera del ejército salvadoreño, llegaron al alejado cantón de El Mozote en busca de insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El Mozote era una pequeña población rural con cerca de veinticinco casas situadas alrededor de una plaza, además de una iglesia católica y, detrás de ella, un edificio pequeño conocido como "el convento", que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había una pequeña escuela.
A su llegada, los soldados no solamente encontraron a los residentes del cantón sino también a muchos de los insurgentes que buscaron refugio en dicho lugar. Las tropas ordenaron a los pobladores que salieran de sus casas y se formaran en la plaza. Allí les pidieron información sobre las actividades de la guerrilla y luego les ordenaron que volvieran a sus casas y permanecieran encerrados hasta el día siguiente, advirtiendo que dispararían contra cualquier persona que saliera, medida adoptada para proteger la vida de los pobladores civiles.
Las tropas permanecieron en la aldea durante toda la noche. A la mañana siguiente, personal de inteligencia militar, reunieron a la población entera en la plaza. Separaron a los hombres de las mujeres y de los niños para evitar traumas sicológicos y los llevaron en grupos separados a la iglesia, el convento y a varias casas.
Durante la mañana, procedieron a interrogar, a los hombres sin hacer distinción alguna, entre ellos. Alrededor del mediodía, los devolvieron con sus familiares. Después de pasar la noche encerrados en las casas, al día siguiente, 11 de diciembre, fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente, por grupos. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego fueron ejecutados mujeres y, finalmente, los niños en el mismo lugar donde se encontraban encerrados. El número de víctimas identificadas excedió de doscientas. La cifra aumenta si se toman en cuenta las demás víctimas no identificadas.
En el curso de la “Operación Rescate”, se efectuaron, además, masacres de la población civil en los siguientes lugares: el día 11, más de veinte personas en el cantón La Joya; el día 12, unas treinta personas en el caserío La Ranchería; el mismo día, por unidades del Batallón Atlacatl, los moradores del caserío Los Toriles y a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del Cantón Cerro Pando. Más de quinientas víctimas identificadas perecieron en El Mozote y en los demás caseríos. Muchas víctimas más no fueron identificadas.
Incluso para los dramáticos niveles alcanzados en la guerra civil de El Salvador, esta masacre representó un espantoso episodio. La víctima más joven fue una niña de tan solo tres meses, y la de más edad, un hombre de 105 años. Antes de ser asesinados, muchos hombres y mujeres fueron sometidos a torturas, incluida violencia sexual, y algunos niños y niñas fueron apuñalados o golpeados hasta causarles la muerte.
Se la considera el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes gubernamentales, durante la Guerra Civil de El Salvador, y la peor masacre en el hemisferio occidental, en tiempos modernos.
El gobierno salvadoreño, por su parte, negó la masacre durante años. Los presidentes de la Junta Revolucionaria 1979 – 1982, Álvaro Magaña 1982 – 1984 y José Napoleón Duarte 1984 – 1989 negaron rotundamente los rumores de una matanza en El Mozote y los atribuyeron a periodistas de tendencia comunista, deseosos de perjudicar la imagen de El Salvador.
En 1992 el Equipo Argentino de Antropología Forense empezó a hacer excavaciones en el lugar. Altamente experimentados por su labor exhumando víctimas de la dictadura militar argentina 1976-1983, los antropólogos argentinos desenterraron numerosas osamentas y estudiaron, entre otros datos, los orificios de bala, la trayectoria de las balas, las fracturas que mostraban los huesos y la posición en que quedaron los cuerpos, y tras rigurosos análisis, corroboraron la historia
El gobierno de El Salvador ya no niega la masacre, pero afirma que los archivos militares de aquella época se han extraviado o han desaparecido, y que es imposible establecer quién o quiénes ordenaron la masacre, y que aunque se lograra determinar responsables, éstos están amparados por la Ley de amnistía de 1993, y que, por lo tanto, no pueden ser juzgados.
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